Tamayo, Bahoruco.– Productores agrícolas de la región Sur denunciaron que efectivos militares y policiales, presuntamente actuando por órdenes del Consorcio Azucarero Central (CAC), primero cosechan productos agrícolas y luego destruyen las plantaciones de pequeños agricultores en comunidades de las provincias Barahona, Bahoruco e Independencia.
La denuncia fue realizada por el agrónomo y dirigente agropecuario Manuel Antonio Pérez Canario, conocido como Manuel Lemba, quien calificó la práctica como “vieja” y aseguró que se ejecuta desde hace años en zonas agrícolas vinculadas al antiguo ingenio azucarero de Barahona.
Según explicó, las acciones se llevan a cabo en terrenos donde campesinos han mantenido cultivos por décadas, pese a que —según afirma— existe un acuerdo firmado con el Gobierno en 1999 que reconoce el derecho de los productores a mantener pequeñas parcelas agrícolas de hasta 50 tareas, muchas de ellas cultivadas por familias durante más de medio siglo.
Pérez Canario sostuvo que los agricultores afectados consideran que la reciente intervención constituye “la última andanada” de desalojos impulsados por el CAC, empresa arrendataria del estatal Ingenio Barahona.
Productores denuncian amenazas y destrucción de cultivos
Varios campesinos afectados narraron episodios de intimidación y destrucción de sus sembradíos.
El agricultor Alcibíades Ogando Féliz afirmó que fue amenazado por miembros del Ejército de República Dominicana y de la Policía Nacional de la República Dominicana cuando intentó averiguar las razones por las que estaban arrasando con sus cultivos de plátano, guineo, coco y otros rubros.
Según relató, las demoliciones incluyeron plantaciones productivas con décadas de existencia.
En términos similares se expresó Francisco Féliz Rodríguez, quien calificó la intervención como “un acto criminal”. De acuerdo con su testimonio, los operativos se realizaron con un amplio despliegue de seguridad y maquinaria pesada.
“Llegaron unas 20 guaguas con equipos pesados, cosecharon primero todos los productos —cocos, plátanos y rulos— y luego tumbaron las plantaciones”, aseguró.
Féliz también denunció que a uno de los propietarios le arrebataron su teléfono celular, lo golpearon y lo apresaron cuando intentó documentar lo ocurrido.
Operativos masivos y bloqueo del tránsito
Otro productor afectado explicó que los operativos comenzaron en horas tempranas de la mañana.
“Yo tengo 30 tareas con unas 200 matas de coco entre los platanares y a las seis de la mañana vi cómo guardias y policías estaban arrasando con todo mi conuco”, narró.
El agricultor afirmó que cuando trató de grabar con su celular las maquinarias que destruían los sembradíos, los agentes le quitaron el teléfono.
Según su versión, un joven que protestó por la acción fue golpeado “de manera inmisericorde” y detenido por las autoridades.
De acuerdo con los testimonios, el despliegue de seguridad fue tan amplio que habría paralizado temporalmente el tránsito en el tramo que conecta las comunidades de Mena, Santa Bárbara El Seis y El Jobo.
Reclamo por falta de notificación
Jesús Antonio Alcántara también expresó su indignación por lo que considera un procedimiento arbitrario.
“Ni siquiera nos notificaron antes de venir a destruir los cultivos”, denunció.
Por su parte, Andrés Olegario Méndez recordó que durante el gobierno del expresidente Leonel Fernández se firmó un acuerdo en 1999 que establecía mecanismos de negociación y permuta de tierras cuando surgieran conflictos entre productores y el ingenio.
“Ese acuerdo decía que si no había entendimiento debía hacerse una permuta, pero nunca destruir los cultivos”, sostuvo.
Méndez agregó que los campesinos consideran injusto que se les desaloje de terrenos que —según afirman— han trabajado durante generaciones.
Temor por la subsistencia
Ante la destrucción de sus sembradíos, varios agricultores afirmaron que ahora enfrentan una situación de incertidumbre económica.
José Antonio Nova expresó que muchos productores no saben cómo sostendrán a sus familias tras perder sus cosechas.
“Nos han dejado sin nada. Ahora no sabemos de qué vamos a vivir”, lamentó.
Los productores pidieron la intervención de las autoridades para investigar los hechos y garantizar el respeto a los derechos de los pequeños agricultores en la región Sur.
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