Consultoría Jurídica participa en comisión para evaluar cambios a la norma
Santo Domingo.- El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, afirmó que resulta “conveniente” revisar el Código Penal, promulgado el 3 de agosto de 2025 tras más de dos décadas de debates en el Congreso Nacional.
El funcionario, también expresidente de la Suprema Corte de Justicia, señaló que las objeciones surgidas en torno a la nueva legislación hacen necesario escuchar a la ciudadanía y abrir procesos de revisión. “Siempre es importante escuchar qué opinan los demás. Esa revisión es conveniente”, expresó.
Críticas y acciones legales
La Ley 74-25 ha recibido cuestionamientos por la severidad de las penas que contempla. El Tribunal Constitucional conoció recientemente una acción directa de inconstitucionalidad contra 11 artículos del código, interpuesta por el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD).
El recurso, depositado en diciembre de 2025 por la seccional de San Pedro de Macorís, acusa a los artículos 2, 24, 49, 68, 142, 170, 214, 260, 284, 303 y 388 de contradecir garantías fundamentales de la Constitución. El fallo aún está pendiente.
Proyectos en el Congreso
En la Cámara de Diputados, el legislador Ramón Raposo propuso modificaciones a artículos relacionados con la difusión de audios sin consentimiento, el ultraje a funcionarios públicos y la incitación contra el Estado. La iniciativa fue enviada a la Comisión de Justicia, sin avances conocidos hasta ahora.
En el Senado, Antonio Taveras presentó un proyecto que busca incluir a partidos y movimientos políticos dentro del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Avances del nuevo código
El Código Penal, aprobado tras 141 años de vigencia de la anterior normativa, introdujo figuras como feminicidio, sicariato, ciberbullying, violencia económica y difusión de deepfakes. También elevó las penas de prisión hasta 40 años, y hasta 60 en casos de concurso de infracciones graves.
La norma contempla medidas sociojudiciales, responsabilidad penal para personas jurídicas y órdenes de protección más robustas para víctimas de violencia de género e intrafamiliar.
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