Batey 5, Barahona, RD.- La tensión social vuelve a escalar en la histórica zona cañera del sur del país. Decenas de pequeños productores agrícolas, acompañados por sacerdotes, religiosas y dirigentes comunitarios, se congregaron en el salón parroquial de la comunidad de Batey 5, en la provincia de Barahona, para denunciar lo que califican como una ofensiva sistemática de despojo territorial por parte del Consorcio Azucarero Central (CAC), empresa que administra mediante contrato las operaciones del estatal Ingenio Barahona.
En una asamblea cargada de denuncias, testimonios y llamados a la movilización social, campesinos de distintas comunidades de la zona cañera expresaron su indignación por las alegadas acciones de desalojo, destrucción de cultivos y presión económica que, aseguran, se ha intensificado en los últimos meses sobre familias que por generaciones han trabajado pequeñas parcelas agrícolas dentro del área de influencia del ingenio.
Como resultado del encuentro, fue convocado un plantón de protesta para el próximo lunes 27 de abril, frente a las oficinas administrativas del CAC, como parte de un plan de lucha que busca detener lo que las organizaciones campesinas consideran una política de desplazamiento contra productores históricos de la región.
Luis Manuel Peña, vocero del Bloque Campesino Sur-Sur, afirmó que la protesta constituye apenas el inicio de una agenda de movilizaciones destinada a defender el derecho de decenas de familias campesinas a permanecer en tierras que —según sostiene— han cultivado de manera continua por más de nueve décadas.
“Aquí no se trata de invasores ni de ocupaciones recientes; estamos hablando de comunidades enteras que sembraron, produjeron y levantaron a sus familias en estas tierras durante generaciones. Hoy quieren borrarlos del mapa agrícola del sur”, expresó.
Exigen liberación de dirigente campesino
Durante la asamblea también se elevó el reclamo por la liberación de Alcibíades Ogando Féliz, dirigente campesino detenido y recluido en la cárcel del Ejército en Neyba, acusado de supuestos daños a cañaverales y otros hechos que la defensa considera fabricados.
Su abogado, José Cornielle, denunció que las imputaciones responden a un proceso de criminalización de la protesta social y aseguró que no existen pruebas concluyentes que vinculen a su defendido con los hechos que se le atribuyen.
La detención de Ogando ha generado malestar en organizaciones campesinas, que advierten sobre una creciente judicialización de líderes comunitarios que se oponen a los desalojos.
Una disputa con raíces históricas
El conflicto en torno a las tierras del Ingenio Barahona tiene profundas raíces históricas. De acuerdo con el agrónomo Manuel Pérez Canario, muchas de las parcelas hoy en disputa han sido trabajadas por familias campesinas desde hace entre 80 y 90 años, incluso antes de la transformación estructural del complejo agroindustrial.
Explicó que, al momento del arrendamiento y posterior operación privada del ingenio, existía el entendimiento de que esas pequeñas propiedades y áreas de cultivo tradicional serían respetadas, debido a su valor social y al sustento económico que representan para cientos de familias humildes de la zona.
Sin embargo, productores denuncian que en la actualidad brigadas técnicas del CAC estarían realizando levantamientos topográficos y mediciones territoriales sin consulta previa con las comunidades, incorporando parcelas ocupadas históricamente por agricultores dentro de su radio de concesión.
Según los denunciantes, posteriormente se les ofrece a los ocupantes un avalúo económico que consideran injusto o insuficiente, y cuando estos rechazan la propuesta, aseguran que maquinaria pesada interviene las áreas sembradas, destruyendo cultivos y afectando medios de subsistencia.
Denuncian ampliación de concesión
El economista Héctor Turbí, conocedor del modelo contractual bajo el cual opera el ingenio, sostuvo que mediante una segunda adenda al contrato de operación, el CAC habría logrado que el Estado reconociera unas 100 mil tareas adicionales dentro de su área de concesión, situación que —a su juicio— ha servido de base para nuevas disputas territoriales con pequeños productores.
“Lo preocupante”, señaló Turbí, “es que esa expansión habría derivado en mediciones y reclamos sobre terrenos que durante décadas han sido explotados por agricultores tradicionales, muchos de ellos sin otra fuente de ingreso que esas pequeñas parcelas”.
La Iglesia asume papel activo
Uno de los elementos más llamativos de la jornada fue la activa participación de miembros de la Iglesia Católica, entre sacerdotes y religiosas, quienes asumieron públicamente su respaldo a las comunidades afectadas y se comprometieron a acompañar las acciones pacíficas de reclamo.
Su presencia añade una dimensión social y moral a un conflicto que amenaza con profundizarse si no media una solución institucional que armonice los intereses productivos de la empresa con los derechos históricos de las comunidades agrícolas.
Mientras crece la tensión en la zona cañera, Barahona vuelve a colocarse en el centro de un debate nacional sobre la tenencia de la tierra, la justicia rural y la convivencia entre grandes concesiones agroindustriales y pequeños productores que han sido, durante generaciones, columna vertebral de la producción agrícola local.
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