Por Carlos Osi Pérez
Santo Domingo. – En la República Dominicana, los partidos políticos muestran un patrón constante: cuando están en la oposición, legitiman sus autoridades mediante la participación masiva de su militancia; pero al llegar al poder, modifican sus estatutos para limitar el escrutinio de las bases y asegurar la continuidad de sus dirigentes.
El caso más evidente fue el del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que gobernó durante 16 años consecutivos (2004-2020) y prorrogó por casi dos décadas los mandatos de Leonel Fernández como presidente y Reinaldo Pared Pérez como secretario general, ignorando la renovación estatutaria prevista cada cuatro años. El Comité Político también se mantuvo sin someterse al voto de las bases, ratificando y ampliando su matrícula en cada proceso.
El PRM repite el modelo
El Partido Revolucionario Moderno (PRM), que en 2018 eligió a José Ignacio Paliza y Carolina Mejía mediante voto universal de su militancia, cambió de estrategia tras alcanzar el poder en 2020. En 2022, introdujo la modalidad de Convención de Delegados, reduciendo la participación a poco más de mil representantes. Paliza fue reelecto con el 98.40 % de los votos y Mejía con el 100 %, en un proceso sin mayores tensiones internas.
Ahora, de cara a la renovación de sus autoridades, el PRM busca nuevamente modificar sus estatutos: propone que las direcciones nacionales tengan un mandato de un año y las provinciales y municipales de dos, para luego ser escogidas por delegados. Aunque el procedimiento es legítimo, limita la participación de una militancia que supera los 1.6 millones de miembros.
Vieja práctica del oficialismo
La tendencia de evitar el voto directo de las bases no es nueva. El PLD gobernó dos décadas con las mismas autoridades, mientras que Joaquín Balaguer, al frente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), mantuvo el control absoluto durante sus 22 años en el poder, incorporando incluso la figura de “presidente en funciones” para manejar la agenda partidaria mientras él se concentraba en la conducción del Estado.
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