Madrid, España.- La política española atraviesa uno de sus momentos más delicados en los últimos años tras la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, de ampliar una investigación que ya golpea directamente al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y a figuras cercanas al Gobierno de Pedro Sánchez.
El magistrado imputó al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías; y a la gerente socialista Ana María Fuentes, dentro de una compleja causa judicial que investiga una supuesta estructura diseñada para influir, desacreditar o desbaratar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Ejecutivo español.
La investigación, considerada ya una de las más explosivas del panorama político español, también involucra a la exmilitante socialista Leire Díez Castro, al empresario Javier Pérez Dolset y a varios abogados y colaboradores presuntamente vinculados a operaciones de manipulación institucional y judicial.
En la foto, el exterior del domicilio en la
localidad navarra de Milagro del ex secretario de Organización del PSOE Santos
Cerdán.
Delitos graves y una presunta organización criminal
En la foto, el exterior del domicilio en la
localidad navarra de Milagro del ex secretario de Organización del PSOE Santos
Cerdán.
Según el auto judicial, Pedraz investiga posibles delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, inducción al falso testimonio, falsedad documental, prevaricación y delitos contra las instituciones del Estado.
El juez considera que la presunta actividad delictiva reviste una “especial gravedad”, tanto por el volumen económico de las operaciones investigadas como por el posible impacto institucional de las maniobras atribuidas a los imputados.
Entre las medidas ordenadas destaca el requerimiento inmediato de documentación y archivos electrónicos en la sede central del PSOE, ubicada en la calle Ferraz, en Madrid, donde desde primeras horas del miércoles agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se presentaron para recopilar información relacionada con pagos supuestamente realizados a Leire Díez.
De manera paralela, la Guardia Civil realizó registros en la vivienda de Santos Cerdán en Milagro, Navarra; en un domicilio madrileño de Gaspar Zarrías; y en la residencia de Javier Pérez Dolset en Móstoles.
El exsecretario de
Organización del PSOE, Santos Cerdán, en una imagen de archivo.
El caso Leire Díez se expande
El exsecretario de
Organización del PSOE, Santos Cerdán, en una imagen de archivo.
La nueva ofensiva judicial es una ampliación de la causa abierta en diciembre pasado tras la detención de Leire Díez, del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y del empresario Antxon Alonso.
Las investigaciones apuntan a que los implicados habrían conformado un grupo denominado “Hirurok” —“nosotros tres” en euskera— dedicado presuntamente a orientar expedientes administrativos y contratos públicos en beneficio propio o de terceros mediante influencias políticas y cobro de comisiones.
El magistrado sospecha que la red habría intentado además desacreditar investigaciones judiciales sensibles relacionadas con el llamado “caso Koldo”, otro escándalo de corrupción que desde hace meses mantiene bajo presión al oficialismo español.
La sombra del caso Koldo vuelve a golpear
El nombre de Santos Cerdán vuelve a aparecer ligado al “caso Koldo”, una trama de presuntas irregularidades en contratos públicos durante la pandemia y que ha salpicado a antiguos colaboradores del Ministerio de Transportes.
Dentro de la nueva línea de investigación también figura el abogado Jacobo Teijelo, defensor de Cerdán en dicho caso, así como el guardia civil Juan Sánchez Yepes, investigado en una causa vinculada al sector de hidrocarburos.
Además, Pedraz observa indicios de posible colaboración del exdirector de Correos, Juan Manuel Serrano Quintana, y del diputado socialista Juan Francisco Serrano Martínez, aunque el juez entiende que será necesario profundizar las pesquisas para determinar eventuales responsabilidades penales.
El presidente del Gobierno
Español, Pedro Sánchez, en Roma.
Pedro Sánchez reconoce la gravedad
El presidente del Gobierno
Español, Pedro Sánchez, en Roma.
Desde Roma, tras reunirse con el papa León XIV en el Vaticano, Pedro Sánchez reaccionó públicamente a la investigación y admitió la “gravedad” de la situación, aunque insistió en que el PSOE colaborará plenamente con la justicia.
El jefe del Gobierno español aclaró que la actuación de la UCO en la sede socialista no constituyó un registro formal, sino un requerimiento documental dentro del proceso judicial.
No obstante, Sánchez dejó claro que su partido actuará con firmeza si aparecen nuevas evidencias.
“Si hay comportamientos irregulares nuevos, actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes”, afirmó el mandatario.
El líder socialista también salió en defensa de Ana María Fuentes, asegurando que la gerente del PSOE ha manejado “de manera escrupulosa” las cuentas de la organización, al tiempo que denunció la existencia de “rumorología” y “fake news” sobre una supuesta financiación irregular del partido.
Un nuevo terremoto político en España
La decisión de la Audiencia Nacional profundiza la crisis política que enfrenta el PSOE en medio de crecientes cuestionamientos de la oposición y de sectores judiciales sobre presuntas redes de influencia y corrupción alrededor del oficialismo.
Aunque la investigación apenas comienza en esta nueva etapa, las imputaciones contra figuras de alto nivel del socialismo español y la entrada de la Guardia Civil en la sede de Ferraz representan un duro golpe político para Pedro Sánchez, cuyo Gobierno enfrenta ahora un escenario de máxima presión institucional y mediática.
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