Rodolfo Valentín: “Se quiere hacer un pandemónium con el Código Penal”

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Rodolfo Valentín: “Se quiere hacer un pandemónium con el Código Penal”


Director de Defensa Pública pide aplicar la ley sin prisas y con ajustes graduales

Santo Domingo.- El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), Rodolfo Valentín, advirtió que se ha querido crear un caos en torno a la entrada en vigor del nuevo Código Penal, cuando a su juicio se trata de un tema “que no es complejo”.

Recordó que ninguna ley está por encima de la Constitución y que los jueces ordinarios tienen la facultad de declarar inconstitucional cualquier disposición en los casos que conozcan, mediante el llamado control difuso. Explicó que, en cambio, el control concentrado corresponde al Tribunal Constitucional y sus fallos son vinculantes para todo el Estado.

“Lo que se hace corriendo se sancocha”

Valentín insistió en que la Ley 74-25 debe entrar en vigor el próximo 3 de agosto, como lo establece la propia norma, y que las modificaciones se realicen con calma. “No es un tema de premura, lo que se hace corriendo se sancocha”, afirmó.

Agregó que las acciones de inconstitucionalidad presentadas ante el Tribunal Constitucional se irán resolviendo en el tiempo, mientras que quienes tengan interés en modificar algún artículo podrán someter sus propuestas.

Críticas al cúmulo de penas

El funcionario reiteró su desacuerdo con el cúmulo de penas contemplado en la nueva legislación, aunque reconoció que este aspecto no forma parte de las discusiones actuales de modificación.

“En el país no hay cárceles ni cuarteles para tantos presos”, subrayó, al señalar que el sistema penitenciario carece de capacidad para albergar a los detenidos.

Hacinamiento y presos preventivos

Valentín denunció que el 65.3 % de los internos se encuentra en condición de prisión preventiva, lo que agrava el hacinamiento y las condiciones inhumanas en los recintos.

Mencionó nuevamente el amontonamiento de personas en destacamentos de Santo Domingo Este, muchos de los cuales ni siquiera han sido presentados ante un juez, violando en ocasiones el plazo constitucional de 48 horas.

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