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Fenattransc se querella contra la empresa Transcore Latam

 

En la foto el transportista y abogado Mario Díaz, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiano (Fenattransc).

Santo Domingo.- La Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiano (Fenattransc) presentó este martes ante la Procuraduría General de la República, una denuncia formal dirigida a la Procuradora General Adjunta, Licda. Yeni Berenice Reynoso, encargada de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, en contra de la razón social Transcore Latam SRL y sus representantes, por supuestas violaciones a la Constitución de la República, los derechos laborales de transportistas y la seguridad vial de la República Dominicana, lo que motivó que la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch expresara que, no le «gustan los contratos que se suspenden y que se siguen cumpliendo».

El documento, presentado por los abogados Dres. Fredermido Ferreras y Carlos Mesa, en representación de la Fenattransc y su secretario general Mario Diaz, alega que Transcore Latam SRL, ha cometido actos que atentan contra la paz pública, la movilidad y la seguridad vial del país, en contravención con la Ley No. 63-17 de Movilidad, Transporte, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana.

Según la querella, los actos imputados incluyen violaciones a los derechos de los trabajadores afiliados a Fenattransc así como actos que ponen en riesgo la seguridad vial de los dominicanos, afectando a los usuarios del transporte público de pasajeros y a la ciudadanía en general.

Los detalles específicos de los hechos denunciados aún no han sido revelados en su totalidad, pero se espera que, en las próximas horas, los ejecutivos de Transcore Latam SRL, sean citados por el Ministerio Público, para que se inicie una investigación que aclare las acusaciones.

Los Transportistas encabezados por Mario Diaz, han manifestado en múltiples ocasiones que el sistema semafórico en el país es un asunto de seguridad nacional, por lo que debe sentarse un precedente jurídico, para que «nunca jamás» una empresa privada maneje este sistema de control del tráfico.

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