Santo Domingo.- Se
les conoce como "hombres sapo", internos que se ven obligados a
dormir en los pisos de las prisiones de la República Dominicana,
a menudo junto a inodoros desbordados o agujeros en el suelo que hacen esa
función.
Miles de ellos están hacinados en las cárceles del país, que están severamente sobrepobladas, algunas a siete veces su capacidad. La mayoría languidece allí sin haber sido acusada de un delito, y los activistas advierten que enfrentan condiciones inhumanas y falta de atención médica.
A
pesar de las promesas de mejorar el sistema, los críticos afirman que República Dominicana sigue
promoviendo y permitiendo detenciones preventivas en casi todos los casos
penales donde no se han presentado cargos, y ha realizado pocos cambios
mientras los problemas dentro de las prisiones continúan
aumentando.
"Las cárceles se
han convertido en tierra de nadie", dijo Rodolfo Valentín Santos, director
de la Oficina Nacional de Defensa Pública de la República Dominicana.
Más
del 60%, de los aproximadamente 26,000 internos del país, están bajo detención preventiva,
sin ningún cargo, según la Oficina Nacional de Defensa Pública. Los partidarios
de esa práctica argumentan que la medida pretende proteger a la sociedad y da
tiempo a las autoridades para recopilar pruebas en un caso.
Pero
algunos detenidos llevan hasta 20 años en prisión sin
haber sido declarados culpables de un delito, dijo Valentín.
Él
señaló que la Constitución y el código penal del país dictan que la detención preventiva es
una medida "excepcional". Hay seis otras medidas que no implican
tiempo en prisión, incluyendo la fianza, pero Valentín dijo que
rara vez se utilizan.
"Tenemos una situación".- En una tarde reciente, Darwin Lugo y Yason Guzmán
salieron de la Penitenciaría Nacional La Victoria, en la
esquina noreste de la extensa capital, Santo Domingo.
La prisión fue
construida para un máximo de 2,100 internos, pero alberga a más de 7,000, de
los que más de 3,300 están bajo detención preventiva, según la Oficina Nacional de Defensa Pública.
Es la prisión más
antigua y poblada del país.
"Usted
tiene que cuidar su vida", dijo Lugo, quien junto a Guzmán visitó a varios
amigos allí, algunos bajo detención preventiva.
"Hay
muchos que están mal", dijo Guzmán sobre los internos. "Hay extrema
pobreza".
Dijeron
que sus amigos, que llevan más de cinco años encarcelados allí, están bien
conectados y solo de forma ocasional piden dinero o una recarga de la tarjeta
SIM de su celular.
El
año pasado, al menos 11 internos murieron en La Victoria tras
un cortocircuito en una celda que provocó un incendio y una explosión. Fue uno
de los incendios carcelarios más mortales del país desde 2005, cuando al menos
134 internos murieron en la localidad oriental de Higüey después de que
pandillas rivales prendieron fuego a sus colchones.
Después
del incendio del año pasado en La Victoria, el presidente dominicano, Luis Abinader,
nombró al exdirector de prisiones Roberto Santana como
jefe de una comisión encargada de reformar y mejorar las más de
40 prisiones del
país.
"Hay
que admitir, señores, que tenemos una situación en todas las cárceles del
país", dijo Abinader al anunciar el nombramiento el pasado
marzo. También anunció que el dinero recuperado de casos de corrupción ayudaría
a financiar la construcción de nuevas prisiones.
Santana ha pedido desde hace mucho tiempo el cierre de
La Victoria y
de la prisión 15
de Azua, ubicada en la región Sur-Occidental del país. La comisión que
dirige está trabajando en esas y otras tareas monumentales, libres de
interferencias externas, dijo.
"No
cogemos órdenes de políticos ni nadie", dijo Santana,
quien anteriormente capacitó al personal para las nuevas prisiones construidas
a principios de 2000.
Santana, que fue presidente de la Federación de Estudiantes
Dominicanos en la década de 1970, fue arrestado varias veces durante el mandato
del presidente Joaquín
Balaguer, conocido por encarcelar y a veces matar a opositores políticos y
disidentes.
Santana conoce de primera mano las condiciones de
La Victoria:
pasó dos años en aislamiento allí.
"Al borde del colapso".- A principios de la década de 2000, la República Dominicana comenzó
a construir 21 nuevas prisiones para mejorar las condiciones.
Estaban dotadas de personal capacitado, no de policías y soldados, que
supervisan las otras 19 prisiones del país.
Pero
las condiciones en
las nuevas prisiones se han deteriorado, según la Comisión
Nacional de Derechos Humanos de la República Dominicana.
"El
sistema penitenciario de la República Dominicana está al borde del colapso", dijo
la comisión en
su informe de
2023, el más reciente disponible.
En
las cárceles de
todo el país, la sobrepoblación es rampante. Las celdas carecen
de baños, luz natural y ventilación, lo que lleva a un deterioro de las condiciones de
salud. Alrededor de 5,000 reos padecen enfermedades que
van desde problemas cardíacos hasta cáncer e infecciones de VIH, pero solo
reciben la medicación más básica, si es que la reciben, y algunas prisiones no
tienen personal médico, según Valentín, cuya oficina emite un informe anual
detallado sobre las condiciones de todas las prisiones.
En
su informe de
2023, el último año disponible, su oficina pidió el cierre de varias prisiones,
incluida una en la ciudad costera del norte de Nagua.
"El
nivel de hacinamiento de este centro imposibilita lograr una verdadera
rehabilitación por parte de los internos, ya que los mismos han sido olvidados
por el Estado", decía el informe. "En las condiciones en
que están es obvio que los tratan como objetos y no como seres humanos dotados
de derechos".
Otra prisión estaba
tan sobrepoblada que el gobierno mantuvo a los internos al aire libre en
camiones con techos de metal que se cocían bajo el sol, lo que provocó
demandas, dijo Valentín.
Un
portavoz del coronel Roberto Hernández Basilio, director de prisiones,
no respondió a las solicitudes de entrevista. Hernández ha dicho anteriormente que su
oficina está tomando medidas para mejorar las condiciones.
Mientras
tanto, la procuradora general dominicana, Miriam Germán Brito, ha hablado
repetidamente en contra de la detención preventiva, pero señaló que la decisión recae en los
jueces. Un portavoz de Germán dijo que no está concediendo entrevistas a los
medios.
Tanto Santana como
Valentín dijeron que creen que la corrupción gubernamental es una de las razones por las que el
país ha tardado en reformar el sistema, acusando a los soldados y policías que
dirigen las prisiones de beneficiarse de actividades ilegales.
La corrupción pública
también llevó a las autoridades a detener la construcción de
una prisión muy
anunciada en los últimos años que se esperaba aliviara la sobrepoblación.
Incluso
mientras ese penal a medio construir se deteriora, Santana dijo
que espera que se construyan 25 nuevas prisiones capaces
de albergar a más de 20,000 internos para 2028.
Si
bien se espera que estas ayuden a aliviar la sobrepoblación,
persisten las preocupaciones. Los activistas señalan que los presos permanecen
retenidos incluso cuando un juez ha dictado su liberación.
La
Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que aproximadamente 2,700 internos
siguen en prisión porque su documentación está paralizada en
tribunales desbordados. Mientras tanto, cientos más permanecen encarcelados a
pesar de haber sido oficialmente liberados porque deben dinero al gobierno y
no pueden pagar las multas impuestas por un juez.
Fuentes: Trabajo elaborado por AP (una
agencia internacional de prensa) y archivos periodísticos.
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