SANTO DOMINGO. – La Dirección de Persecución del Ministerio Público, encabezada por Wilson Camacho, ha iniciado diversas diligencias procesales en contra del empresario Antonio Espaillat, propietario del centro de espectáculos Jet Set y de las empresas Inversiones E y L SRL y Jet Set Club. Estas acciones se producen como parte de la investigación relacionada con el colapso del techo de la discoteca ocurrido el pasado martes 8 de abril, tragedia en la que murieron 232 personas y más de 180 resultaron heridas, incluyendo el merenguero Rubby Pérez, quien falleció en el lugar.
Entre las medidas adoptadas, el Ministerio Público ha interpuesto oposiciones a traspasos de bienes que se encontraban en proceso de movimiento. El objetivo es salvaguardar los derechos de las víctimas, impidiendo que los activos sean transferidos o enajenados mientras se desarrolla la investigación penal.
Una fuente vinculada al proceso explicó que el Ministerio Público ha solicitado medidas cautelares para frenar cualquier transacción patrimonial o accionaria relacionada con las empresas de Espaillat, invocando los mecanismos que permite la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos. No obstante, aclaró que el uso de esta figura jurídica no implica que Espaillat esté siendo investigado por lavado de dinero, sino que sirve como herramienta legal para detener cualquier movimiento sobre sus bienes de forma preventiva.
La investigación se concentra en las compañías directamente asociadas al empresario, en particular la entidad que operaba el emblemático centro nocturno de Santo Domingo. Las autoridades han comenzado a revisar documentación corporativa, licencias, pólizas de seguros, condiciones estructurales del local y el cumplimiento de las normativas exigidas por ley para este tipo de establecimientos.
Pese a que Antonio Espaillat ha expresado públicamente su disposición de colaborar con la justicia, el Ministerio Público sigue profundizando en los elementos técnicos y legales relacionados con el caso.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Ministerio Público (133-11), este órgano tiene la responsabilidad de formular e implementar la política estatal contra la criminalidad, dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad.
Además, la ley establece que el Ministerio Público debe garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, proteger a las víctimas y testigos, y velar por el interés público. Asimismo, goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria, actuando bajo los principios de legalidad, jerarquía, responsabilidad e individualidad.
Fuente: Listín
Diario
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