Higüey, provincia La Altagracia.- Un total de 102 personas, entre ciudadanos dominicanos y haitianos, presentaron una querella la tarde de este miércoles contra cuatro personas presuntamente implicadas en el desalojo de los terrenos que ocupaban en Mata Mosquito, Friusa, una localidad que pertenece a Bávaro, en la provincia La Altagracia.
De los 102 querellantes,
81 son dominicanos y 21 haitianos, quienes poseen permisos de trabajo, según
consta en el documento de la querella depositada ante la Fiscalía de la provincia
La Altagracia.
El documento también
establece que existe un total de 283 querellantes, aunque solo se citan 102 en el acto de
depósito.
Mientras que, también señala que los
demandados son Domingo Lizardy, Ernetico Botello, Juan Luis Martínez y Elvis
Suárez, abogado del
Estado.
Las familias afectadas acudieron a
la Fiscalía acompañadas
por el vicepresidente nacional de los Derechos Humanos, Rafael Ureña, y sus abogados.
Según Ureña, quien habló en
representación de los afectados, el desalojo se llevó a cabo contra un grupo de
ciudadanos dominicanos a
quienes, alega, se les vulneraron y soslayaron sus derechos de propiedad.
Afirmó que se intentó, mediante documentos presuntamente
falsos, apoderarse de los terrenos sin poseer un título que otorgue derechos
sobre ellos.
El representante de
los Derechos Humanos explicó
que la organización que representa luchará en todos los ámbitos para que cada
uno de los dominicanos y
munícipes de la localidad de Mata Mosquito que fueron perjudicados con la destrucción de
sus viviendas, sean debidamente resarcidos.
"Señores, resulta lamentable que en
un país que se autodenomina democrático y de derecho, se presenten 1,400
efectivos militares con armas de guerra, a las tres
de la mañana, para desalojar a numerosos dominicanos que
durante años tuvieron sus pertenencias y construyeron sus hogares en ese lugar.
No es posible que no se les reconozca ningún derecho y se les arroje a las
calles de esa manera", manifestó Ureña con visible indignación.
Indicó que el desalojo fue
arbitrario, ilegal y, fundamentalmente,
violatorio de todos los derechos fundamentales y de la jurisdicción
inmobiliaria.
Informe
técnico.- Ureña
destacó que cuentan con un informe técnico,
elaborado por un agrimensor, que establece que los terrenos en cuestión,
correspondientes a la parcela 67-192, distrito catastral 11 Ava Tercera, no
poseen deslinde.
En base a esta observación, el agrimensor indica
que la parcela está libre de deslinde, lo que implica que no existe titularidad
definida.
"No hay título de propiedad,
por eso nos preguntamos: ¿Quién emitió esa orden de desalojo?",
concluyó Ureña.
En ese mismo orden, el abogado Marcos Fidencio, asesor de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aclaró que el desalojo no
se dirigió contra ciudadanos haitianos, sino contra dominicanos,
específicamente 284 personas que él representa hasta el momento.
Fidencio señaló que
el presidente de
la República, Luis Abinader, "fue inducido a error", que se
utilizaron sus buenas intenciones y se aprovecharon las fuerzas públicas, las
cuales habían sido dispuestas con el único fin de desalojar a
nacionales haitianos,
no a dominicanos.
Argumentó que el desalojo se
realizó de manera ilegal, ya que la Ley 108-05 (de Registro Inmobiliario)
no permite a ningún individuo llevar a cabo un deslinde en
una porción de terreno donde existe un espacio que ha sido adquirido sin ningún
tipo de violencia.
Informó que se depositó una querella en
constitución en actor civil
con el propósito de que todos los afectados sean resarcidos y
se les restituyan los terrenos.
Asimismo, comunicó que la querella se
dirige contra Domingo Lizardy y Juan Luis Martínez, propietarios de los equipos utilizados
en el desalojo.
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