Santo Domingo.- Luego de más de 12 horas de litigación, Fátima Veloz, jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó la madrugada de este jueves medidas de coerción a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario por el derrumbe de la discoteca Jet Set, donde fallecieron 235 personas y más de 180 resultaron heridos.
La jueza Veloz impuso una garantía económica de 50 millones de pesos,
presentación periódica e impedimento de salida para ambos hermanos.
Defensa.- Miguel Valerio, abogado de los Espaillat, valoró como válida la medida, al considerar que sus clientes siempre estuvieron dispuestos a colaborar con la investigación y brindaron asistencia a parte de los afectados.
"Aquí hay una realidad, una
realidad objetiva, nadie en la calle que cometa cualquier situación, en una
medida de coerción tiene que ser declarado culpable o inocente, ese es el gran
aprendizaje. El gran aprendizaje es lo que dijo la jueza, las medidas de instrucción tienen un carácter
instrumental para que se presenten al proceso, y el señor Espaillat se ha
presentado a todas", manifestó Valerio.
Dijo que estudian el peritaje presentado por el Ministerio Público
y que fijarán posición.
En la audiencia había casi 80 afectados
en calidad de querellantes. Otros 40 acordaron con los propietarios de Jet Set para no
demandar en la parte civil.
Ministerio Público apelará.- De inmediato, Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, informó que apelará la decisión, porque, según consideró, la jueza no valoró el daño a la sociedad, "sobre todo, a 236 personas que murieron".
El Ministerio Público solicitó imposición de prisión preventiva
como medida de coerción para Antonio Espaillat y
domiciliaria para su hermana.
Camacho resaltó que todos las partes
valoraron la investigación del Ministerio Público y
recordó la necesidad de la aprobación de un nuevo Código Penal para enfrentar
estos tipos de problemas que afectan a la sociedad.
Los abogados de
los afectados, de su lado, pedían que se cambie la acusación como homicidio
voluntario y que se imponga prisión preventiva.
Comunicado de la familia.- Previo a la decisión del tribunal, la familia Espaillat emitió un comunicado en el que afirma haber brindado asistencia directa a más de 40 personas afectadas, sin condiciones ni publicidad. “Lo hicimos y lo seguiremos haciendo porque es lo correcto”, dijo.
La familia Espaillat enfatizó
que su decisión de hablar no
responde al interés de justificarse públicamente, sino de compartir su versión con el país y pedir justicia sin prejuicio. “Reiteramos
nuestro respeto y apoyo incondicional a las familias que sufren”.
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