Congreso Nacional ignora sentencias del Tribunal Constitucional y mantiene vacíos legales

A pesar de múltiples exhortaciones del TC, el Poder Legislativo ha dejado sin ejecutar al menos 15 leyes clave, algunas con hasta una década de atraso, comprometiendo la institucionalidad democrática. En la foto, sesión del Senado de la República el 8 de julio de 2025.

Santo Domingo, DN. – El Congreso Nacional acumula un preocupante historial de incumplimiento frente a mandatos del Tribunal Constitucional (TC), al no aprobar al menos 15 leyes que la alta corte ha ordenado mediante sentencias desde hace más de una década. Esta omisión ha provocado vacíos legales significativos en áreas clave para la gobernabilidad y el Estado de derecho.

Las “exhortaciones” del TC —contenidas en ocho sentencias— han sido ignoradas por el Poder Legislativo, en seis casos ya con plazos vencidos y en dos más a punto de expirar. A pesar de la gravedad del desacato, hasta el momento no ha habido consecuencias para los responsables.

Uno de los ejemplos más recientes se produjo con la sentencia TC/0788/24, en la que se ordena crear una ley que regule las candidaturas independientes. Sin embargo, miembros de una comisión de diputados manifestaron abiertamente que no cumplirán con esa disposición.

Un ejemplo que ya cumple 10 años

Uno de los casos más antiguos data de 2015, cuando el TC dictó la sentencia TC/0189/15, instando al Congreso a legislar sobre el poder que otorga la Constitución al presidente para conceder indultos. La medida surgió tras una impugnación al decreto mediante el cual el entonces presidente Leonel Fernández otorgó indultos a varios condenados.

El TC validó el decreto presidencial, pero advirtió que la falta de una ley específica abre la posibilidad de que esta potestad se aplique de forma “arbitraria y sin control jurisdiccional”. Una década después, la legislación sigue pendiente.

Leyes que excluyen a legisladores sin ser modificadas

También han quedado sin cumplir sentencias relacionadas con la incompatibilidad entre funciones legislativas y otros cargos públicos. Por ejemplo, la sentencia que ordenaba modificar la Ley 385-98, que crea la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Romana (Coaarom), aún no ha sido acatada, a pesar de que el TC declaró inconstitucional la inclusión de legisladores en su Consejo de Directores.

Lo mismo ocurrió con la Ley 511-05, que declara El Seibo como provincia ecoturística. En ambos casos, aunque las instituciones han seguido funcionando sin la participación de diputados y senadores, las leyes no han sido actualizadas.

Una iniciativa presentada en abril por los diputados Eugenio Cedeño Araché y Jacqueline Fernández Brito para reformar la Ley 385-98 no contempla los mandatos del TC, y actualmente duerme en una comisión que dejó vencer el plazo para rendir informe.

Nueve leyes reservadas siguen pendientes desde 2021

En 2021, el TC declaró inconstitucional la “omisión legislativa absoluta” del Congreso por no promulgar nueve leyes que la Constitución reserva exclusivamente al legislador. Dio un plazo de dos años para su aprobación, que expira en 2025, sin que haya avances significativos.

Las leyes pendientes abarcan temas cruciales como:

• Referendos y plebiscitos

• Iniciativa legislativa municipal

• Propiedad inmobiliaria en la frontera

• Violencia contra la mujer

• Libertad de expresión y pensamiento

• Estímulo al deporte

• Delimitación territorial

• Organización de regiones

• Reglamentación del indulto

• Sistemas de inteligencia del Estado

Regulación de etiquetado en español también en el limbo

Los comerciantes siguen a la espera de que el Congreso reglamente el etiquetado de productos importados en idioma español, luego de que el TC anuló el artículo 41 de la Ley 358-05, de Protección al Consumidor, por exceder el alcance del mandato constitucional.

Mientras tanto, el incumplimiento sistemático de estas sentencias continúa debilitando la institucionalidad del país y dejando sin respaldo legal áreas sensibles de la vida nacional.