Santo Domingo.- El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) presentó una querella penal con constitución en actor civil contra la empresa Dekolor, alegando intentos de soborno, amenazas personales, presión institucional y otros delitos vinculados a la gestión de un contrato vencido para la emisión y renovación de licencias de conducir.
La denuncia fue depositada el pasado viernes 4 de julio ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) e involucra directamente al presidente de la empresa, Rogelio Oruña, y a la gerente general, Sandra Oruña.
Según el comunicado emitido por el Intrant, la empresa intentó obtener, de forma irregular, la prórroga de un contrato estatal vencido mediante la supuesta oferta de un millón de dólares y pagos mensuales de tres millones de pesos, además de entregar dinero en efectivo a funcionarios clave de la institución. Estas acciones buscaban extender la vigencia del acuerdo sin pasar por un proceso de licitación pública.
El contrato, firmado en enero de 2020 por un período de cinco años, otorgaba a Dekolor la operación de un sistema integral para la emisión y renovación de licencias de conducir, incluyendo la administración de 21 centros de atención, provisión de personal, equipos y soporte tecnológico. Sin embargo, el Intrant denunció que el contrato fue modificado en tres ocasiones mediante adendas que no contaron con la aprobación del Consejo Directivo de la entidad.
“La empresa procuraba mantener el control del sistema presionando ilegalmente a la actual gestión del Intrant para evitar la apertura de un proceso competitivo”, señala el documento oficial.
Calificación legal de los hechos
Los hechos imputados han sido clasificados como soborno conforme a la Ley 448-06, asociación de malhechores, lavado de activos según la Ley 155-17, estafa contra el Estado y chantaje o extorsión electrónica, con base en el Código Penal y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
La querella está sustentada en informes técnicos internos y de la Contraloría General de la República, documentos y testimonios que, según el Intrant, evidencian la existencia de una estructura criminal diseñada para influir en decisiones administrativas y desviar recursos públicos.
Además, el organismo indicó que podrían estar implicados otros actores cuya participación deberá ser investigada por el Ministerio Público.
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