Santo Domingo.– Con la extensión de la actual legislatura congresual hasta el 5 de agosto, se reavivan las expectativas de que República Dominicana finalmente cuente con un nuevo Código Penal (CP), que reemplace la normativa vigente desde 1884, a pesar de algunas modificaciones parciales en el tiempo.
Durante las últimas dos décadas, múltiples intentos por actualizar esta pieza legal han fracasado, atrapados en debates sobre temas sensibles como el aborto en sus tres causales, los crímenes de guerra y la violencia de género. Estas controversias han provocado observaciones presidenciales, declaraciones de inconstitucionalidad y estancamientos legislativos.
El primer intento moderno se dio el 26 de julio de 2006, cuando la Cámara de Diputados aprobó un nuevo código bajo el gobierno de Leonel Fernández, quien lo devolvió por objeciones relacionadas con derechos fundamentales y falta de claridad en varios artículos.
“Las observaciones buscan una rediscusión que tome en cuenta los señalamientos de diversos sectores de la sociedad dominicana”, expresó el entonces mandatario en una carta al presidente de la Cámara Baja, Julio César Valentín.
En 2014, bajo la presidencia de Danilo Medina, el Congreso volvió a aprobar el nuevo código. Esta vez, Medina también lo observó, pidiendo la inclusión de eximentes en casos de aborto. A pesar de eso, el código fue promulgado el 19 de diciembre de 2014 como Ley 550-14, con entrada en vigor un año después. Sin embargo, en diciembre de 2015, el Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional, dejando en vigor el Código Penal de 1884.
La sentencia fue motivada por recursos interpuestos por varias fundaciones, entre ellas la Fundación Justicia y Transparencia, en rechazo a los artículos que regulaban la interrupción del embarazo.
En diciembre de 2016, Medina volvió a observar el código tras ser aprobado nuevamente en el Congreso. En una carta al Senado, abogó por despenalizar el aborto en tres causales específicas: cuando la vida de la madre corre peligro, en casos de violación o incesto, y ante malformaciones fetales incompatibles con la vida.
El texto modificado establecía sanciones de dos a tres años de prisión para quien provocara o consintiera un aborto, salvo en los casos despenalizados propuestos por el Ejecutivo.
Un debate prolongado
Desde entonces, el Código Penal ha sido objeto de múltiples reintroducciones y discusiones legislativas. En varias ocasiones ha sido aprobado en dos lecturas por el Senado, incluyendo en noviembre de 2021, febrero de 2023, julio de 2024 y julio de 2025. Cada versión ha intentado incluir nuevos delitos como el feminicidio, genocidio y cúmulo de penas, con sanciones de hasta 40 años de prisión.
En la versión más reciente, aprobada por el Senado este lunes, se mantuvieron las penalizaciones al aborto, pero se introdujo una eximente que permite al personal médico actuar en situaciones extremas sin enfrentar sanciones penales.
Cámara de Diputados: el principal obstáculo
En contraste con el Senado, la Cámara de Diputados ha mostrado menos avances. Solo en junio de 2021 se aprobó el proyecto en dos lecturas. Desde entonces, su conocimiento ha sido postergado o solo ha superado una primera lectura, evidenciando la falta de consenso necesario para convertirlo en ley.
A pesar de los años de trabajo legislativo, el país sigue rigiéndose por un Código Penal del siglo XIX, mientras los legisladores buscan —una vez más— lograr el consenso que permita modernizar este instrumento clave del sistema de justicia.
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