El presunto cabecilla, Freddery García Ortiz, deberá pagar RD$3 millones y su pareja RD$2 millones; el caso fue declarado complejo y se otorgó un plazo de 12 meses para la acusación formal.
Santo Domingo.– Ocho personas acusadas de integrar una presunta red criminal dedicada al fraude bancario y al robo de identidad recibieron medidas de coerción consistentes en garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país.
El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso una garantía económica de RD$3,000,000 a Freddery García Ortiz, señalado como líder de la organización delictiva y propietario de la empresa Decoral Muebles y Más, S.R.L. Su pareja, María Carolina Durán Tavárez, deberá pagar RD$2,000,000.
Asimismo, se dictaron medidas de coerción para los demás implicados:
-
George Charlie Abreu Tejada: RD$1,000,000
-
Jonathan Darío Pichardo y Raúl Ortiz Arias: RD$500,000 cada uno
-
Tatiana Elizabeth Sosa Reyes y Alba Nidia Altagracia Gomera Lagares: RD$200,000 cada una
-
Wilton Rafael Gutiérrez (alias “Chango”): RD$150,000
El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva para todos los imputados, alegando falta de garantías procesales y peligro de fuga. Sin embargo, el juez acogió parcialmente la solicitud y declaró el caso como complejo, lo que otorga un plazo de 12 meses para la conclusión de la investigación y presentación de la acusación formal.
Durante la audiencia, los fiscales Carlos Vidal y Gabriela Gómez Garrido presentaron cerca de 100 elementos probatorios que detallan la estructura, funcionamiento y resultados del esquema fraudulento.
Transferencias ilícitas y operativo
La investigación comenzó tras reclamaciones de clientes de una entidad bancaria, lo que activó una operación conjunta entre el Ministerio Público y la Dirección de Policía Cibernética (Dicat).
Según las autoridades, los imputados accedieron ilegalmente a cuentas de clientes, realizaron transferencias ilícitas y retiraron el dinero a través de cajeros y ventanillas bancarias.
La operación incluyó 34 allanamientos simultáneos en distintas localidades, ejecutados por más de 200 agentes del Dicat y 40 fiscales. Se incautaron dispositivos electrónicos, documentos de identidad, libretas bancarias, sustancias controladas, vehículos e inmuebles presuntamente adquiridos con fondos ilícitos.
Tipificación jurídica
El Ministerio Público calificó los hechos como violaciones a los artículos 265 y 266 del Código Penal, a varios artículos de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La Fiscalía considera que se trata de una red criminal estructurada y peligrosa, y continúa investigando para identificar a otros posibles implicados.
0 Comentarios
Deje su comentario
Emoji