Redacción Internacional.– La condena en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria impuesta al expresidente colombiano Álvaro Uribe ha profundizado la polarización política en Colombia y generado tensiones que se extienden al sistema judicial. La sentencia, que también incluye una multa de más de 3.400 millones de pesos colombianos (unos 822.000 dólares) y una inhabilitación de ocho años para ejercer cargos públicos, ha desencadenado una ola de reacciones encontradas dentro y fuera del país.
El llamado juicio del siglo ha reavivado el enfrentamiento entre sectores de izquierda y derecha, que discuten intensamente en redes sociales sobre la legalidad y motivaciones del fallo dictado por la jueza Sandra Heredia. Las preguntas giran en torno a si Uribe debe continuar en libertad hasta que la sentencia quede firme, si hubo motivaciones políticas y si se respetaron los principios del debido proceso.
Entre los pronunciamientos más destacados figura el del expresidente Iván Duque (2018–2022), quien propuso una acción legal respaldada por millones de ciudadanos para que Uribe pueda defenderse en libertad. Duque argumentó que “la presunción de inocencia, el rigor de su defensa y la ausencia de pruebas que lo señalen como determinador son razones suficientes para que siga en libertad”.
Uribe, de 73 años, fundador del partido Centro Democrático y figura central de la política colombiana reciente, fue hallado culpable por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
Acusaciones de persecución y presión internacional
El senador Iván Cepeda, reconocido como víctima en el proceso, denunció una “feroz persecución” por parte de Uribe contra la justicia colombiana, señalando que el exmandatario ha reaccionado con hostilidad cada vez que se ha intentado investigar su papel en hechos vinculados al conflicto armado.
Cepeda también alertó sobre supuestas gestiones de cabildeo internacional que, según él, buscan presionar a instituciones estadounidenses para debilitar al Poder Judicial colombiano, comparando este esfuerzo con las estrategias utilizadas en defensa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro.
A este clima de controversia se sumaron 38 juristas, quienes expresaron su “profunda preocupación” ante lo que consideran una privación de libertad contraria a los estándares internacionales. En un comunicado, señalaron que la decisión pone en riesgo la legitimidad del Poder Judicial y viola principios fundamentales del debido proceso.
Defensa de la independencia judicial
Frente a los ataques contra la jueza Heredia, la defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo un llamado a respetar la institucionalidad. “Estigmatizar a quien cumple con su deber constitucional de impartir justicia socava la independencia judicial”, afirmó.
Marín subrayó que el caso de Uribe “no es un debate político ni electoral” y exhortó a los actores políticos y sociales a confiar en el sistema judicial y a abstenerse de deslegitimar sus decisiones.
Petro evita confrontación directa
El presidente Gustavo Petro, por su parte, evitó un pronunciamiento frontal. Aunque comentó brevemente la sentencia en redes sociales, al día siguiente publicó en X (antes Twitter) una reflexión literaria con alusiones implícitas, en la que cita a Gabriel García Márquez y los “otoños del patriarca”, en referencia a la decadencia de los caudillos.
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