La iniciativa contempla mayor inversión en obras públicas, salud y programas sociales, con un aumento del gasto de capital equivalente al 0.4 % del PIB.
Santo Domingo.- El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y Economía, sometió al Congreso Nacional un proyecto de modificación a la Ley 80-24 que aprueba el Presupuesto General del Estado 2025, con el objetivo de dinamizar la economía mediante un incremento en la inversión pública.
La propuesta se enmarca en una política fiscal contracíclica que busca mitigar los efectos de la coyuntura internacional, proteger el crecimiento económico y garantizar un desarrollo sostenible.
Según el proyecto, los ingresos estimados para el próximo año alcanzan RD$1,277,364.7 millones, equivalentes al 16 % del producto interno bruto (PIB). En el renglón de gastos, se plantea un aumento neto de RD$69,740.2 millones, es decir, un 4.7 % más respecto al monto aprobado inicialmente.
De ese incremento, RD$35,548.25 millones corresponden a la expansión del gasto de capital (20 % más), lo que representa un 0.4 % del PIB. Estos recursos adicionales estarán destinados a proyectos de infraestructura y servicios que ejecutarán instituciones como el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de la Vivienda, la OPRET, INAPA, el Servicio Nacional de Salud (SNS), la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial y los gobiernos locales.
Asimismo, el documento contempla mayores asignaciones para áreas sensibles como salud, seguridad ciudadana, programas sociales y organismos constitucionales, incluyendo recursos para fortalecer los centros hospitalarios y apoyar la reforma policial.
La reforma presupuestaria proyecta un déficit fiscal de 3.47 % del PIB, frente al 3.0 % previsto originalmente. No obstante, las autoridades explicaron que el aumento será financiado con excedentes de ejercicios anteriores, evitando así presiones adicionales sobre la deuda pública.
El Gobierno asegura que la iniciativa se ajusta a la Regla Fiscal establecida en la Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal, lo que garantiza equilibrio en la expansión del gasto, sin comprometer la sostenibilidad ni la estabilidad macroeconómica.


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