Este panorama plantea un gran reto para estudiantes, docentes y padres, ya que gran parte de estos planteles requieren reparaciones profundas para garantizar la seguridad y la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las autoridades educativas han anunciado que trabajan en un plan de intervención que contempla reparaciones graduales, así como la reubicación temporal de algunos estudiantes en escuelas cercanas para evitar la interrupción del calendario escolar. No obstante, persisten las preocupaciones sobre la lentitud de los procesos y el impacto que las precariedades tendrán en la formación de cientos de miles de alumnos.
Comunidades educativas de distintas provincias han manifestado su inquietud y, en algunos casos, han exigido soluciones inmediatas. La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y otros sectores vinculados al ámbito escolar advierten que la situación podría generar retrasos, deserción y mayores desigualdades en el acceso a una educación digna.
El inicio del período escolar, en lugar de celebrarse únicamente como un paso hacia el desarrollo académico, también se convierte en un llamado de atención a la necesidad de acelerar las inversiones en infraestructura escolar. La meta es clara: transformar planteles vulnerables en espacios seguros y adecuados para la enseñanza, garantizando a la niñez y la juventud dominicana el derecho a aprender en condiciones dignas.
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