Interior y Policía anuncia periodo de gracia para renovar licencias vencidas entre octubre y diciembre.
Santo Domingo.- La Fuerza de Tarea Conjunta informó este lunes 29 de septiembre que a partir de octubre pondrá en marcha un plan de acción para sacar de circulación armas en manos de civiles que incumplen con la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas.
El plan se sustenta en el Decreto No. 212-21, que establece el Plan Nacional de Desarme por la Paz, y concentrará sus acciones en aquellas localidades donde el uso de armas de fuego tiene mayor incidencia en homicidios y conflictos sociales.
Como parte de las medidas, el Ministerio de Interior y Policía emitió la Resolución MIP-RR-0008-2025, que establece un periodo de gracia especial entre octubre y diciembre. Este permitirá a los ciudadanos con licencias vencidas renovarlas bajo condiciones económicas más favorables.
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ofreció los detalles tras la reunión número 109 de seguimiento de la Fuerza de Tarea, encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Explicó que el objetivo central es reforzar la aplicación de la Ley 631-16, con énfasis en la prevención del uso indebido, desvío y tráfico de armas de fuego.
“Estas armas tienen que ser sacadas de nuestras calles y entregadas al Ministerio de Interior y Policía, donde serán fiscalizadas para determinar su trazabilidad y origen”, afirmó Raful.
Estadísticas y criminalidad
De acuerdo con datos de la Policía Nacional, en lo que va de 2025 se han recuperado 5,700 armas de fuego: 3,958 ilegales, 364 con licencias vencidas y 1,228 vinculadas a procesos judiciales.
En cuanto a los homicidios, la ministra informó que al 26 de septiembre la tasa acumulada es de 8.1 por cada 100,000 habitantes. Unas 25 demarcaciones presentan cifras en un solo dígito, mientras que 9 registran dos dígitos. Entre estas últimas destacan Dajabón y Azua, ambas en nivel amarillo con tasas de 10.7 y 10.8, respectivamente.
Avances legislativos
Raful adelantó que el nuevo Código Penal contempla la creación de un registro de agresores sexuales, a cargo del Ministerio Público, el cual será presentado próximamente en el marco de los trabajos de la Fuerza de Tarea.
Con estas acciones, el Gobierno reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, mediante el control de armas y la reducción de la violencia en las comunidades más vulnerables.


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