Alertan sobre extrema vulnerabilidad de jóvenes mujeres deportadas a Haití

Defensores de derechos humanos piden al Estado dominicano soluciones humanitarias para jóvenes del Grupo B de la Ley 169-14. En la foto, una reciente parada cívica del Movimiento por los Derechos, la Paz y la Justicia Global (Mondha).

Colaboración de Germán E. Reyes

Santo Domingo.– Wendy Osirus, líder de pastores protestantes y presidente del Movimiento por los Derechos, la Paz y la Justicia Global (Mondha), elevó una voz de preocupación y esperanza en favor de los jóvenes pertenecientes al Grupo B de la Ley 169-14, personas nacidas en territorio dominicano antes del año 2010 que hoy enfrentan procesos de deportación.

Osirus, quien también coordina la Unión Fe de los Pastores Haitianos en la República Dominicana (UPHARD), organización que agrupa a 1,310 iglesias afiliadas, explicó que se trata de personas que han crecido en suelo dominicano y que, en muchos casos, no conocen Haití como país. “Son jóvenes que han vivido toda su vida en esta nación y que solo poseen un acta que los identifica como extranjeros”, lamentó.

De acuerdo con un informe de la plataforma Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados (Garr), publicado el martes 16 de diciembre de 2025, entre enero y noviembre de este año la República Dominicana deportó a 242,655 migrantes haitianos.

Entre los deportados, Garr identificó 982 mujeres embarazadas y 2,800 madres lactantes, de las cuales 273 fueron expulsadas inmediatamente después de someterse a una cesárea. El informe también documenta 3,434 menores no acompañados y 1,241 personas con discapacidad.

Especial preocupación por mujeres jóvenes

Aunque los datos generales ya generan alarma, Osirus enfatizó que la mayor preocupación de Mondha se centra en la deportación de mujeres jóvenes. “Nuestra inquietud es aún mayor por las jóvenes, quienes al ser deportadas quedan expuestas a condiciones extremas de vulnerabilidad”, afirmó.

Según el activista, la grave situación de inseguridad que vive Haití, especialmente en zonas fronterizas, hace urgente que cada caso sea evaluado “con sensibilidad humana y responsabilidad institucional”.

“Proteger a las mujeres es proteger la vida, la familia y el futuro”, sostuvo.

Llamado a la humanidad

Osirus reconoció el derecho soberano del Estado dominicano a regular la migración, pero insistió en que ese derecho debe ejercerse con humanidad. “Creemos que la regulación migratoria puede aplicarse mediante una evaluación individual y con un enfoque de derechos, especialmente cuando se trata de personas que nacieron y crecieron en este país y hoy son adultas”, expresó.

Recordó que cada militar, funcionario y autoridad es también hijo, hermano o padre. “Nadie desea para sus madres, hermanas o hijas una vida marcada por el miedo, el desarraigo o el trauma”, añadió.

“La empatía y la justicia fortalecen a las naciones. La misericordia, la prudencia y la justicia también son formas de gobernar con grandeza”, proclamó.

Solicitud al Gobierno dominicano

Finalmente, Mondha solicitó respetuosamente al Gobierno dominicano:

• Considerar soluciones humanitarias y legales para los jóvenes del Grupo B de la Ley 169-14.

• Priorizar la protección de las mujeres en cualquier proceso migratorio.

• Abrir espacios de diálogo con organizaciones sociales y de derechos humanos.

• Honrar la tradición dominicana de solidaridad y respeto a la dignidad humana.