De acuerdo con datos del sitio de monitoreo FlightAware, hasta el mediodía se contabilizaban 824 cancelaciones, aunque la cifra podría incrementarse conforme se reporten más bajas en las torres de control y centros de mando de tráfico aéreo.
La crisis laboral se agravó luego de que miles de controladores fueran obligados a trabajar sin remuneración, situación que llevó a muchos a abandonar temporalmente sus puestos para buscar empleos alternativos.
“Estamos adoptando medidas inéditas porque nos encontramos en una situación sin precedentes con el cierre del Gobierno”, declaró a la cadena CBS el secretario de Transporte, Sean Duffy, quien hizo un llamado urgente al Congreso para poner fin a la parálisis institucional.
Los aeropuertos más afectados son el O’Hare de Chicago (Illinois), con unas 40 cancelaciones, y el Hartsfield-Jackson de Atlanta (Georgia), con 38, seguidos por los de Ontario (California) y Newark (Nueva Jersey), este último vital para el área metropolitana de Nueva York.
La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que los problemas de personal se extienden a varios centros regionales, obligando a una reducción coordinada del tráfico aéreo para mantener los estándares de seguridad.
Entre las aerolíneas más impactadas se encuentran American Airlines (221 vuelos cancelados), United (184) y Delta (173), según la consultora Cirium, que señaló que las rutas domésticas de corta distancia son las más afectadas, como parte de una estrategia para minimizar el daño operativo y evitar el colapso de vuelos internacionales.
Cirium indicó al New York Times que, si las cifras se mantienen estables, este viernes podría ubicarse como el 72.º peor día en cancelaciones desde inicios del año pasado. Sin embargo, advirtió que el panorama podría tornarse “catastrófico” si la crisis se prolonga hacia el Día de Acción de Gracias, una de las fechas de mayor demanda de vuelos en Estados Unidos.
“Estamos viendo controladores trabajando hasta seis días a la semana y jornadas de diez horas. La reducción de vuelos es una medida preventiva para evitar incidentes de seguridad”, explicó Duffy, defendiendo la decisión del Departamento de Transporte.
La situación ha desatado un nuevo enfrentamiento político en Washington, donde legisladores demócratas acusan a la administración del presidente Donald Trump de usar la crisis aérea como instrumento de presión política para que el Senado apruebe un financiamiento temporal sin incluir las condiciones que exige la oposición.
El principal punto de conflicto radica en la propuesta republicana de extender temporalmente los fondos públicos, mientras los demócratas condicionan su apoyo a la renovación de los subsidios del programa sanitario Obamacare, que vencen a finales de año.
Con una mayoría de 53 escaños, los republicanos necesitan siete votos demócratas para alcanzar los 60 respaldos requeridos y poner fin al prolongado cierre federal, que ya impacta de forma directa en servicios esenciales, operaciones aeroportuarias y la confianza ciudadana en las instituciones.
Analistas políticos advierten que, de no lograrse un acuerdo en los próximos días, Estados Unidos podría enfrentar la mayor crisis de tráfico aéreo desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, con consecuencias económicas y logísticas de gran alcance.
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