La desaparición de Mario Dorismond expone el control de bandas armadas en la comuna de Carrefour y el fracaso del Estado haitiano. En la foto el abogado secuestrado.
Colaboración de Djovany Michel
Puerto Príncipe.– El secuestro del abogado Mario Dorismond constituye una nueva y contundente evidencia del colapso total del Estado haitiano en la comuna de Carrefour, una de las zonas más golpeadas por la violencia de bandas armadas.
El viernes 19 de diciembre de 2025, entre las 10:00 y las 11:00 de la mañana, Dorismond fue secuestrado por hombres fuertemente armados que, según informaciones obtenidas, actuaban bajo las órdenes de Christ-Roi Chéry, alias Krisla, líder de una banda que opera en Tibwa, una comunidad rural agrícola situada al norte de la capital haitiana.
De acuerdo con fuentes cercanas a la víctima, el secuestro estaría directamente vinculado a las denuncias públicas realizadas por el abogado en un foro de WhatsApp, donde expuso sin ambigüedades el alarmante deterioro de la seguridad en Bizoton, una sección perteneciente a la comuna de Carrefour.
Advertencias ignoradas, voces silenciadas
Horas antes de su desaparición, Dorismond difundió un mensaje de voz ampliamente compartido, en el que exhortaba a los residentes de Carrefour a mantenerse vigilantes ante el avance del bandidaje.
En su mensaje describía escenas cotidianas de violencia perpetradas con total impunidad: ciudadanos interceptados en plena vía pública, mujeres amenazadas con armas automáticas y despojadas de teléfonos, bolsos y dinero a punta de pistola.
El abogado relató, en particular, los ataques sufridos por residentes de Bizoton 51, ocurridos cerca de instalaciones de la Marina de Haití, un hecho que simboliza el colapso absoluto de la autoridad pública. Asimismo, recordó el caso de un feligrés cuyo vehículo fue robado frente a una iglesia en Fontamara 43, mientras se celebraba un servicio religioso. Ni siquiera los lugares de culto escapan a la violencia.
Una ciudad bajo control armado
Estos episodios no son aislados. Forman parte de una realidad ampliamente conocida: el Estado ha perdido el control de Carrefour. La ley que impera no es la de la República, sino la impuesta por los líderes de bandas armadas.
Múltiples fuentes confirman que iglesias, escuelas, comercios, templos vudú y pequeños negocios deben realizar pagos periódicos a la banda de Krisla para poder operar. La negativa conlleva represalias inmediatas, que incluyen cierres forzosos, amenazas y ataques armados.
Incluso el supermercado Délimart, propiedad del empresario Réginald Boulos —actualmente encarcelado en Estados Unidos por presunta financiación de bandas armadas—, no estaría exento de esta lógica mafiosa, según testimonios recogidos por esta redacción.
Zonas grises y posibles complicidades
Aunque Mario Dorismond se proyectaba públicamente como un firme defensor de Carrefour, informaciones recogidas entre residentes de la zona apuntan a presuntos vínculos ambiguos entre el abogado y el líder de la banda, Krisla.
Estas revelaciones abren un interrogante inquietante pero crucial: ¿hasta qué punto existe complicidad entre determinadas figuras locales y los grupos armados que controlan el territorio?
El silencio como aceptación del fracaso estatal
El secuestro de Mario Dorismond no es un hecho aislado ni menor. Es el reflejo de un Estado ausente, incapaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos y mucho menos de proteger a quienes se atreven a denunciar la inseguridad.
En Carrefour, alzar la voz se ha convertido en un acto de alto riesgo. Denunciar ya no es bienvenido y ahora tiene un precio elevado.
Mientras prevalezca la impunidad y las bandas continúen dictando sus leyes con la aparente tolerancia de las autoridades, Carrefour seguirá siendo un territorio ocupado y toda voz crítica, un objetivo potencial.
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