Por Vianelo Perdomo
Santo Domingo, 14 de diciembre de 2025.- En una de las audiencias más esperadas del año en la justicia dominicana, el juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó este domingo 18 meses de prisión preventiva contra siete de los principales imputados en el presunto desfalco millonario al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), o sea el "Caso SeNaSa".
La decisión, emitida la noche de este domingo 14 de diciembre de 2025 tras varias jornadas de presentación de pruebas y defensas, responde a la solicitud del Ministerio Público, que había pedido la medida más gravosa contra los acusados por el traslado irregular de recursos públicos que ascienden, según las investigaciones, a más de RD$15 mil millones.
Decenas de agentes de la Policía Nacional fueron llevados al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, con la finalidad de prevenir el orden.
Medidas de coerción impuestas
Prisión preventiva en Najayo por 18 meses:
Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y principal imputado en el entramado de corrupción, señalado como cabecilla de la red que habría desfalcado a la institución estatal.
Rafael Luis Martínez Hazim, vinculado a adjudicaciones durante la gestión de Hazim,
Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero.
Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico.
Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de servicios de salud.
Ramón Alan Speakler Mateo, empresario vinculado a proveedores.
Ada Ledesma Ubiera, vinculada a contrataciones bajo investigación.
Estas siete personas deberán cumplir la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, mientras avanza la investigación en un caso declarado de tramitación compleja por la magnitud de los hechos y el número de víctimas afectadas.
Representantes de los más diversos grupos sociales se apostaron en los alrededores del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva demandando que los culpables del supuesto desfalco en SeNaSa sean castigados.
Otras medidas cautelares
El tribunal también estableció medidas alternativas para tres imputados, quienes quedaron fuera del régimen de prisión preventiva y enfrentarán el proceso bajo condiciones restrictivas:
Heidi Mariela Pineda, prisión domiciliaria, impedimento de salida del país y garantía económica de un millón de pesos por cada aseguradora afectada.
Cinty Acosta Sención, prisión domiciliaria, impedimento de salida y garantía económica similar.
Eduardo Read Estrella, medidas similares: prisión domiciliaria, impedimento de salida y garantía económica; además, el tribunal ordenó la incautación de varios de sus bienes.
Estas medidas se aplicaron luego de que en la audiencia se mencionara que algunos imputados podrían estar cooperando con la investigación o que su vinculación con la estructura era de menor jerarquía, lo que llevó al juez a optar por alternativas menos gravosas que la prisión preventiva.
Los licenciados Wilson Camacho y Vilma Ortiz, junto a otros magistrados, representantes del Ministerio Público para el "Caso SeNaSa".
Contexto de la causa
El expediente del caso, presentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, incluye cientos de documentos probatorios, testimonios y evidencia pericial que muestran cómo una estructura supuestamente desvió fondos del SeNaSa, afectando la prestación de servicios de salud a más de 7 millones de dominicanos.
Durante las audiencias previas, tres imputados incluso admitieron en tribunal que pagaron sobornos a funcionarios de la institución, incluido el exdirector Hazim, lo que reforzó la posición del Ministerio Público para solicitar prisión preventiva.
La defensa de Hazim alegó una condición de salud delicada, mencionando esclerosis múltiple y riesgo ante la reclusión, un argumento que el Ministerio Público aseguró no fue acreditado por médicos forenses ante el tribunal.
Repercusiones y próximas etapas
Con la imposición de prisión preventiva para los principales acusados, el caso entra ahora en una fase en la que se acelerará la investigación formal y el proceso penal, mientras las defensas preparan sus estrategias para enfrentar la acusación.
La decisión judicial ha generado gran expectación pública y reacciones en diversos sectores, dado que se trata de uno de los casos de presunta corrupción más sensibles y de mayor impacto social en los últimos años en el país.
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