Por Vianelo Perdomo
Santo Domingo.– La investigación que el Ministerio Público ha realizado sobre los supuestos actos de corrupción denominado "Caso SeNaSa", ha ido más allá de simples contratos inflados o autorizaciones administrativas irregulares. El expediente acusa la existencia de un esquema estructural, diseñado y ejecutado desde los más altos niveles del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), que habría utilizado la figura de los llamados “programas especiales” como eje central de una presunta estafa millonaria contra el Estado dominicano.
Según la acusación, durante la gestión de Santiago Hazim al frente de la aseguradora estatal se habría montado una arquitectura administrativa paralela que habría permitido desviar fondos públicos bajo la apariencia de iniciativas sociales, sanitarias y de cobertura excepcional. Estas iniciativas, aunque presentadas como respuestas a necesidades puntuales del sistema de salud, carecían (de acuerdo con los fiscales) de los controles técnicos, financieros y legales requeridos.
Magistrados del Ministerio Público hablan a la prensa.
El mapa de los programas bajo sospecha
El expediente del órgano persecutor detalla que los denominados “programas especiales” puestos en marcha para presuntamente realizar sus acciones, funcionaban como una vía rápida para la aprobación de pagos, contrataciones y coberturas extraordinarias. Bajo este paraguas se habrían autorizado desembolsos sin estudios actuariales previos, sin respaldo presupuestario suficiente y sin procesos competitivos de contratación.
Las investigaciones señalan que algunos de estos programas fueron creados de manera discrecional, sin la aprobación formal de los órganos internos de control ni del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS). Otros, aunque existentes, habrían sido modificados para ampliar coberturas y montos de forma irregular, beneficiando a prestadores específicos y a empresas intermediarias.
Una estafa de diseño institucional
Para el Ministerio Público, la presunta estafa no responde a hechos aislados, sino a un modelo de gestión que debilitó los controles internos de SeNaSa. El uso reiterado de resoluciones internas, adendas contractuales y autorizaciones de emergencia habrían servido para legitimar operaciones que, en la práctica, desviaron recursos destinados a la atención de millones de afiliados.
La acusación sostiene que este esquema permitió la salida de sumas multimillonarias del erario (alrededor de 16 mil millones de pesos describe el expediente acusatorio), afectando directamente la sostenibilidad financiera de la aseguradora pública y comprometiendo la confianza en el sistema de salud estatal.
Doctor Santiago Hazim (con camisa blanca), principal implicado en el "Caso SeNaSa".
Impacto en el sistema de salud
Más allá de las cifras, el caso SeNaSa ha generado preocupación en sectores médicos, gremiales y sociales. Especialistas advierten que el debilitamiento financiero de la principal aseguradora pública del país pone en riesgo la cobertura de los afiliados del régimen subsidiado, quienes dependen casi exclusivamente de este seguro para acceder a servicios médicos.
Organizaciones de la sociedad civil han reclamado que, además de las responsabilidades penales, se establezcan mecanismos de recuperación de los fondos y reformas profundas al modelo de gestión y supervisión de SeNaSa.
El proceso judicial en curso
Este domingo 14 de diciembre de 2025, el "Caso SeNaSa" se encuentra en una fase decisiva, pues es la fecha fijada para emitir la decisión sobre la medida de coerción a diez personas apresadas, entre ellas el exdirector de la aseguradora, doctor Santiago Hazim.
Mientras, en los próximos días, los tribunales deberán evaluar la solidez de las pruebas presentadas por el Ministerio Público y determinar las medidas a imponer a los imputados.
El caso se perfila como uno de los procesos por presunta corrupción administrativa más relevantes vinculados al sector salud en los últimos años.
Mientras tanto, el país observa con atención un expediente que no solo busca sancionar a los responsables, sino que podría sentar precedentes sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de los recursos públicos destinados a la salud.
0 Comentarios
Deje su comentario
Emoji