Por Vianelo Perdomo
Santo Domingo.– El caso SeNaSa se ha convertido en la prueba de fuego más delicada y trascendental para el gobierno del presidente Luis Abinader, para el Ministerio Público independiente, para el sistema de justicia y para todo el sector salud dominicano. De confirmarse en los tribunales los señalamientos que rodean la denominada fase “SeNaSa 2.0”, el país no solo estaría frente a uno de los mayores escándalos de corrupción administrativa de su historia reciente, sino ante una derrota moral de dimensiones nacionales.
Las cifras estremecen: un presunto desfalco que alcanzaría los RD$27,000
millones, de los cuales RD$16,000 millones corresponderían al primer
entramado (SeNaSa 1) y RD$11,000 millones a la nueva fase investigativa.
Un esquema que, según las autoridades, aunque hasta la media noche de este
lunes 15 de diciembre de 2025 el Ministerio Público no ha querido revelar
ninguna persona física ni jurídica, habría involucrado clínicas, farmacias,
laboratorios, profesionales de la salud y empresas vinculadas a la prestación
de servicios médicos, en perjuicio directo del Seguro Nacional de Salud
(SeNaSa) y, por extensión, de millones de afiliados.
Tal como adelantó este medio digital la semana pasada, tras
revelar la realización de cerca de 50 allanamientos y más de un centenar
de interrogatorios, el Ministerio Público confirmó este lunes 15 de
diciembre de 2025 que ya está lista la segunda fase de la investigación,
en la que se producirán nuevos arrestos y sometimientos.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección
General de Persecución del Ministerio Público, confirmó que “en el menor tiempo
posible” se activará formalmente la etapa denominada SeNaSa 2.0,
mediante la cual serán procesadas otras personas físicas y jurídicas
presuntamente implicadas en el desfalco superior a los RD$11,000 millones,
los que podrían ascender a una superior a los RD$15,000 millones,
El licenciado Camacho aseguró que el órgano persecutor está comprometido
a trabajar sin descanso para que todos los responsables enfrenten a la
justicia. Sus declaraciones se produjeron horas después de que el juez del
Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena
Ferreras, destacara la solidez de la investigación y dictara 18 meses de
prisión preventiva contra Santiago Marcelo F. Hazim Albainy,
exdirector de SeNaSa y señalado como el presunto cabecilla del entramado.
El Ministerio Público estuvo representado por Camacho junto a la
procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Pepca, y un amplio
equipo de fiscales especializados.
Camacho calificó la decisión judicial como “histórica” y explicó que el
tribunal sustentó su fallo en tres pilares: la extrema gravedad de los
hechos, que el juez llegó a describir como crueles y una traición al
Estado; la contundencia probatoria de la investigación; y la valoración
de la colaboración aportada durante el proceso.
La pregunta de fondo: ¿cuál es el problema para el Gobierno de Abinader?
El presidente Luis Abinader ha reiterado, desde el inicio de su
mandato, una frase que hoy cobra un peso decisivo: “Tengo amigos, pero no
cómplices”. El verdadero desafío para su gobierno no es solo judicial, sino
político, ético y simbólico.
Si el Ministerio Público llega hasta las últimas consecuencias —sin
importar apellidos, rangos políticos o vínculos partidarios— Abinader podría
consolidar su principal activo: la coherencia entre discurso y acción en la
lucha contra la corrupción. Pero si el proceso se detiene, se fragmenta o selectiviza,
el golpe sería devastador para la credibilidad de su administración y para la
narrativa de cambio que lo llevó al poder.
¿Y el PRM? El riesgo de
pagar el costo político
Para el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el caso SeNaSa
representa una amenaza directa. La posible implicación de dirigentes políticos,
empresarios vinculados al poder y figuras con conexiones partidarias expone al
oficialismo al riesgo de repetir los vicios que históricamente criticó.
El PRM enfrenta una disyuntiva clara: respaldar sin ambigüedades la
independencia del Ministerio Público, aunque eso implique costos internos, o
ceder a presiones que podrían traducirse en un severo castigo electoral y
moral. En este contexto, la corrupción deja de ser un expediente judicial para
convertirse en un tema de supervivencia política.
SeNaSa 2.0: un caso abierto
y con ramificaciones
Aunque hasta ahora son diez los imputados con medidas de coerción, Diario
Santo Domingo reveló que existen otros detenidos y múltiples investigados
cuyos nombres aún no han sido divulgados. Wilson Camacho adelantó que estas
identidades serán dadas a conocer en las próximas horas como parte del
despliegue de la fase 2.0.
Entre los señalados figuran profesionales, empresarios, industriales
y dirigentes políticos, lo que llevó al juez Sena Ferreras a advertir que
se trata de “un caso altamente complejo”, con ramificaciones crecientes
y capítulos aún por desarrollarse.
Conclusión
El Caso SeNaSa 2.0 no es solo un proceso judicial: es un espejo incómodo
para el poder. De su desenlace dependerá si la República Dominicana consolida
un precedente real contra la corrupción o si, una vez más, la impunidad logra
reconfigurarse bajo nuevas siglas.
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