El “paquete” de maniobras fraudulentas generó un gran impacto en las reservas técnicas de Senasa, ascendente a casi dieciséis mil millones de pesos dominicanos, hasta el cierre del año 2024.
Santo Domingo.- El expediente del Ministerio Público contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), doctor Santiago Hazim, y otros nueve implicados en la denominada Operación Cobra, destapó un esquema de corrupción que habría generado un impacto devastador en las reservas técnicas de la institución, con un déficit que asciende a casi RD$16,000 millones hasta el cierre de 2024.
Según la solicitud de medida de coerción, los acusados ejecutaron más de 20 maniobras fraudulentas dirigidas a distraer fondos públicos mediante mecanismos administrativos, contables y financieros articulados durante varios años.
Cómo operaba la supuesta red
De acuerdo con la acusación, los imputados integraban una estructura que habría operado desde posiciones clave dentro del SeNaSa, combinando prácticas como:
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Facturación falsa a través de empresas de carpeta.
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Creación de programas especiales sin sustento técnico, usados para desvío de fondos y pagos irregulares.
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Alteración de bordereaux, cierres contables y registro de obligaciones inexistentes.
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Autorización de contratos con prestadores sin habilitación o sin infraestructura real.
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Recepción de sobornos por encima de los RD$2,000 millones, según las investigaciones preliminares.
El Ministerio Público sostiene que el “paquete” de maniobras representó un daño mayúsculo al patrimonio público y un golpe directo al sistema nacional de salud, especialmente para los afiliados más vulnerables.
Quiénes son los implicados
Entre los diez acusados figuran:
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Santiago Hazim, exdirector ejecutivo del SeNaSa.
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Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero.
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Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico.
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Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de Servicios de Salud.
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Eduardo Read Estrella, médico vinculado al esquema.
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Ramón Alan Speakler Mateo, relacionado al sector suplidor.
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Cinty Acosta Sención, vinculada a la empresa IntraCare.
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Ada Ledesma Ubiera, ligada al área farmacéutica.
Otros investigados habrían colaborado en funciones contables, administrativas y logísticas que permitieron el funcionamiento de la estructura.
Impacto en el sistema de salud
Las autoridades consideran este caso como uno de los más graves de corrupción registrados dentro del sistema de salud público.
Etapas del proceso judicial
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) solicitó:
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Prisión preventiva para los diez imputados.
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Declaratoria de caso complejo.
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Continuación de los allanamientos y análisis financieros.
La titular de la PEPCA, Mirna Ortiz, calificó la Operación Cobra como “un expediente de alta dimensión y de enorme daño al Estado”.
El Gobierno, por su parte, reafirmó que no habrá impunidad y que se aplicará “todo el peso de la ley”.


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