Santo Domingo.- El país aguarda en vilo. Este domingo, 14 de diciembre de 2025, en horas de la tarde, el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dictará la decisión sobre las medidas de coerción contra los imputados del "Caso SeNaSa", una investigación que ha sacudido los cimientos del sistema público de salud y que, según el Ministerio Público, destapó una estructura criminal enquistada en la institución llamada a proteger a los más vulnerables.
Tras jornadas maratónicas de audiencia, que se extendieron por más de 12 horas consecutivas, el magistrado reservó el fallo, mientras fiscales y abogados defensores protagonizaban un pulso jurídico cargado de tensión, dramatismo y fuertes señalamientos éticos. En el centro del expediente figura el exdirector ejecutivo de Senasa, Santiago Hazim, señalado como el principal articulador de un esquema de corrupción que habría operado durante años bajo el disfraz de legalidad administrativa.
La acusación: sobornos, contratos amañados y “recaudaciones políticas”
El Ministerio Público sostiene que desde Senasa se creó un sistema de cobros ilegales, pagos de sobornos y manipulación de contratos, donde empresas proveedoras pagaban porcentajes fijos a cambio de mantener negocios millonarios con la aseguradora estatal. Parte de esos fondos —según la acusación— eran justificados internamente como “recaudaciones políticas”, una afirmación que ha generado profundo repudio social.
La Pepca, encabezada por Wilson Camacho y Mirna Ortiz, asegura que no se trató de hechos aislados, sino de una asociación de malhechores con roles definidos, apoyada en falsificación documental, tráfico de influencias y lavado de activos. El expediente incluye decenas de pruebas documentales, testimonios clave y peritajes financieros que, a juicio de los fiscales, demuestran el daño patrimonial al Estado y el impacto directo sobre millones de afiliados.
Lágrimas, alegatos de salud y un tribunal bajo presión
Uno de los momentos más comentados de la audiencia fue cuando Santiago Hazim rompió en llanto ante el tribunal, mientras su defensa advertía sobre un supuesto riesgo de muerte súbita si es enviado a prisión preventiva. Los abogados solicitaron medidas menos gravosas, alegando condiciones médicas, arraigo familiar y disposición a colaborar con la justicia.
Para los fiscales, existe alto riesgo de fuga, de obstrucción del proceso y de intimidación de testigos, razones por las cuales solicitaron 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo.
Reacciones políticas y sanción social
El caso ha provocado reacciones al más alto nivel del Estado. La vicepresidenta Raquel Peña afirmó que el Gobierno no llegó al poder para encubrir la corrupción, y llamó a que los implicados enfrenten no solo consecuencias judiciales, sino también una sanción social ejemplar.
Mientras tanto, sectores médicos, gremiales y sociales han expresado indignación, señalando que Senasa administra recursos vitales para más de siete millones de dominicanos, muchos de ellos en condiciones de pobreza extrema. Para estos sectores, la presunta corrupción no es solo un delito financiero, sino una traición moral.
Una institución intervenida y un país expectante
En paralelo al proceso judicial, el Poder Ejecutivo ordenó reformas internas y una revisión profunda de los controles administrativos de Senasa, buscando contener el daño institucional y restaurar la confianza ciudadana. Las autoridades han insistido en que los servicios de salud continúan operando con normalidad, aunque el golpe a la credibilidad es innegable.
El domingo: un punto de quiebre
La decisión que se emitirá este domingo marcará un antes y un después. Para el Ministerio Público, una coerción severa enviaría el mensaje de que la corrupción en el sistema de salud no quedará impune. Para las defensas, una medida extrema sería desproporcionada y violatoria de derechos fundamentales.
Más allá de lo jurídico, el Caso Senasa se ha convertido en un símbolo del choque entre poder, dinero y justicia. El país espera. Y este domingo, cuando el juez pronuncie su decisión, no solo se definirá la suerte de varios imputados: se pondrá a prueba la credibilidad del discurso anticorrupción del Estado dominicano.
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