Por Vianelo Perdomo
Las Parras, Guerra, provincia Santo Domingo.– “Juntos, pero no reburujados” es una expresión muy arraigada en el habla popular dominicana para describir situaciones en las que la cercanía física no implica convivencia ni vínculo real. La frase, llevada al contexto penitenciario, parece encajar con precisión en la realidad que viven los imputados del denominado “Caso SeNaSa” dentro del Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
Aunque comparten el mismo recinto carcelario, los acusados de integrar un presunto entramado de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) no conviven con el resto de la población penitenciaria. Su estadía transcurre en total aislamiento del grueso de los privados de libertad, por razones que las autoridades definen como estrictamente vinculadas a la seguridad y protección.
Ninguna prisión, por más moderna o funcional que sea, deja de ser un espacio adverso para cualquier ser humano. Sin embargo, no todos los internos viven la reclusión en iguales condiciones. Existen factores —entre ellos el perfil del imputado y la naturaleza del delito— que determinan un trato diferenciado dentro del sistema.
Ese es el caso de los seis imputados que guardan prisión preventiva por el escándalo de SeNaSa, a quienes un tribunal impuso 18 meses de coerción en la nueva cárcel de Las Parras. En un recinto que alberga actualmente alrededor de 600 internos, los acusados de corrupción administrativa permanecen completamente apartados de los denominados “presos comunes”.
Desde su ingreso, el pasado domingo 14 de diciembre de 2025, el exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim, y cuatro de sus presuntos colaboradores no han tenido contacto alguno con otros privados de libertad. Se encuentran recluidos en una sección especial de celdas, alejados de internos condenados por narcotráfico, homicidio, asesinato, violencia de género y otros delitos tipificados en el Código Penal.
Esta situación fue constatada por reporteros de este medio durante un recorrido realizado ayer por el interior del recinto penitenciario.
Los reclusos del “Caso
SeNaSa están separados de los demás reos, según comprobaron reporteros periodísticos
a los que se les permitió realzar un recorrido por el interior de Las Parras
este viernes 19 de diciembre de 2025.
Hazim, señalado por el Ministerio Público como pieza central de un alegado fraude que ascendería a 15,000 millones de pesos pertenecientes a afiliados del régimen subsidiado de SeNaSa, se encuentra recluido en una edificación de dos niveles conocida como “celdas de observación”.
En ese mismo bloque permanecen Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero de SeNaSa; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico; así como Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Speakler Mateo.
El acceso a esta área está sujeto a estrictos controles. Agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP) explicaron que se implementó un protocolo especial para garantizar un control absoluto de ingresos y salidas. Para llegar a ese cuadrante es obligatorio superar al menos dos puestos de chequeo, con revisiones manuales y detectores de metales.
“Ahí no entra todo el mundo. Hay un personal asignado que no utiliza teléfonos celulares, solo radios, y cualquier acceso debe contar con autorización expresa”, explicaron los agentes, quienes añadieron que el personal encargado fue previamente seleccionado y depurado.
Pese al aislamiento, las autoridades aclararon que los imputados no reciben privilegios. La diferencia radica exclusivamente en la separación física. Los internos del caso SeNaSa solo interactúan con el personal de seguridad autorizado y no pueden salir todos juntos de las celdas. Incluso, cuando deben acudir a la cafetería, solo uno sale, encargado de realizar las compras del grupo.
Asimismo, disponen de un salón de reuniones independiente del resto de la población penitenciaria, donde reciben a sus familiares en los días permitidos y sostienen encuentros con sus abogados defensores.
Roberto Santana, director
general de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), Roberto Santana, explicó las razones de este régimen especial.
“Los presos dicen que si se los llevo allá, los picotean; ustedes saben la situación que hay en el país. Entonces tomamos la decisión de ponerlos en un lugar donde estén seguros. Están presos igual, pero no junto con los demás. No desayunan, no almuerzan con la población común”, expresó Santana durante una entrevista en el programa Despierta con la X.
Se recuerda que inicialmente, el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional había ordenado el envío de los imputados a la cárcel de Najayo, en San Cristóbal. No obstante, Roberto Santana solicitó su traslado a Las Parras al considerar que no podía garantizar su seguridad en ese penal. La solicitud fue acogida por el magistrado Rigoberto Sena.
“Si la población general del país siente indignación, imagínese los presos. El juez fue comprensivo cuando se le explicó la situación”, afirmó.
En tanto, Ada Ledesma Ubiera, también sometida a prisión preventiva por este caso, cumple la medida en Najayo Mujeres bajo parámetros similares de protección. El Ministerio Público dispone de ocho meses para concluir la investigación contra los imputados, incluidos Eduardo Read Estrella, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Cinty Acosta Sención, quienes enfrentan el proceso bajo arresto domiciliario.
Un grupo de presos juega un partido de baloncesto en las instalaciones deportivas de la cárcel Las Parras.





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