Hugo Beras, Luis Maisichell Dicent y, más recientemente, Santiago Hazim figuran como los únicos altos cargos del actual gobierno llevados ante la justicia en medio de denuncias que aún rodean a otras instituciones públicas. En foto de archivo, Luis Maisichell Dicent, exadministrador de la Lotería Nacional y primer funcionario del Gobierno de Luis Abinader acusado de supuestas anomalías adminstrativas. Aqui se observa en una audiencia sobre su caso, Luego fue absuelto.
Santo Domingo.- En medio de un panorama político marcado por mensajes oficiales de transparencia y la insistencia del Gobierno en que “no se protege a nadie”, lo cierto es que, hasta este sábado, solo tres figuras de alto nivel vinculadas a la administración del presidente Luis Abinader han sido formalmente arrestadas o sometidas a la justicia por presuntos actos de corrupción administrativa: Hugo Beras, Luis Maisichell Dicent y Santiago Hazim.
Estas detenciones, dispersas en el tiempo y rodeadas de controversias, reavivan el debate sobre cuántas de las investigaciones anunciadas por el Ministerio Público han logrado traducirse en acciones concretas.
Un discurso firme, resultados limitados
Desde agosto de 2020, el Gobierno ha insistido en que cualquier señal de mal manejo de fondos públicos sería investigada sin contemplaciones. Sin embargo, pese a los múltiples señalamientos que han salido a la luz contra directores, funcionarios intermedios e incluso ministros, solo tres nombres han terminado ante un juez bajo cargos formales.
Hugo Beras y el caso Intrant
El Ministerio Público presentó acusaciones basadas en violaciones a normas administrativas y financieras, colocando a Beras como una de las figuras más visibles de los escándalos en instituciones de alto impacto ciudadano.
Luis Maisichell Dicent y la Lotería Nacional
El siguiente nombre en la lista fue Luis Maisichell Dicent, exadministrador de la Lotería Nacional, implicado en un entramado que incluyó la alteración de sorteos y el uso de la institución para beneficios económicos irregulares.
El ingreso reciente de Santiago Hazim a la lista
El arresto de Hazim ha generado especial atención, no solo por su cercanía a círculos de alto nivel del oficialismo, sino por tratarse de una institución clave para millones de afiliados. Su caso podría convertirse en un punto de inflexión para la narrativa gubernamental si se confirma la existencia de un esquema más complejo dentro del sector.
Investigaciones anunciadas, expedientes pendientes
Aunque el Gobierno ha reconocido en múltiples ocasiones que existen auditorías, procesos internos y alertas en al menos una docena de instituciones, lo cierto es que ningún otro funcionario ha sido formalmente imputado.
Ministerios, direcciones generales y entidades autónomas han sido mencionados en reportes de la Cámara de Cuentas, denuncias públicas, investigaciones periodísticas y señalamientos de la sociedad civil. Sin embargo, hasta el cierre de esta crónica, solo Beras, Dicent y Hazim han enfrentado la coerción de la justicia.
Este contraste genera preocupación entre analistas y sectores opositores, que reclaman mayor consistencia entre el discurso oficial anticorrupción y los resultados judiciales concretos.
Una prueba de fuego para el Ministerio Público
Las expectativas ahora recaen sobre el avance de las investigaciones abiertas y el destino inmediato del expediente de Hazim, que podría marcar un antes y un después en el tratamiento de casos dentro del propio gobierno.
El país observa con atención si estas detenciones son el inicio de un proceso más amplio o solo episodios aislados en un panorama donde todavía predominan las denuncias sin resolución.
Mientras tanto, la lucha contra la corrupción continúa siendo uno de los principales termómetros de credibilidad para la administración actual.
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