Por Vianelo Perdomo
Santo Domingo.- La trama judicial bautizada por el Ministerio Público como “Operación Cobra”, y conocida públicamente como el “Caso SeNaSa”, continúa expandiéndose con fuerza. A pesar de que las acciones ejecutadas por los organismos de investigación hasta la noche del miércoles 10 de diciembre de 2025 dejan ver que “hay muchos cabos atados”, los fiscales admiten que todavía “quedan cabos sueltos”, los cuales –según revelaron varias fuentes– podrían ser expuestos “en los próximos días o incluso en cuestión de horas”.
La complejidad del expediente, su volumen y la diversidad de líneas investigativas han llevado a varios procuradores fiscales a anticipar que este caso “va para largo”.
Uno de los magistrados, que habló bajo condición de anonimato, explicó que las expresiones “cabos atados” y “cabos sueltos” describen con precisión el nivel de claridad que, hasta el momento, les permite trazar el itinerario completo de los presuntos hechos delictivos.
“Este expediente no solo abarca irregularidades administrativas y financieras dentro del SeNaSa. Estamos frente a un amplio, extenso y complicado entramado patrimonial que podría involucrar a familias enteras, empresas prósperas y bienes de alto valor”, puntualizó la fuente.
Doctor Santiago Hazim, exdiector de SeNaSa.Un caso donde aparentemente “hay de todo”
La figura central del proceso es Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), cuyo paso por la institución entre agosto de 2020 y agosto de 2025 ha sido colocado bajo la lupa. Con un salario mensual de RD$424,500 y compensaciones adicionales por RD$254,700, el Ministerio Público sostiene que el aumento de su patrimonio es incompatible con sus ingresos formales.
La investigación señala que durante su gestión se adquirieron propiedades de lujo, como una villa en Casa de Campo y dos apartamentos en la Torre Mar Azul, operación realizada vía hipotecaria por RD$53,730,000 en 2024.
A esto se suma la presunta omisión de activos en su declaración jurada, incluyendo su participación en la sociedad offshore Rioja Management, S.A., registrada en Panamá, donde fungió como Director, Presidente y Tesorero hasta septiembre de 2024. Dicha empresa forma parte del conglomerado empresarial ligado a Inversiones Sanjhon, S.R.L.
También habría declarado solo uno de los tres títulos correspondientes a otra sociedad offshore: Koffman Overseas LTD.
El expediente incluye además un incremento patrimonial incompatible con sus ingresos, evidenciado por la adquisición de un vehículo Lincoln Navigator 2020, presuntamente pagado por terceros para ocultar el origen de los fondos.
El desmantelamiento de propiedades y sociedades vinculadas
Tras estallar el caso, empresas relacionadas al exfuncionario iniciaron el desmantelamiento del domicilio común ubicado en el sector Naco, espacio que también funcionaba como sede de varias empresas investigadas, entre ellas Hazcorp, Vert Clair y Planta Solar El Peñón.
De acuerdo con el Ministerio Público, mediante el esquema fraudulento Hazim habría recibido RD$2,881,337,217.15, coordinados en parte por su colaborador José Pablo Ortiz, señalado como intermediario encargado de transportar grandes sumas en efectivo y gestionar sobornos.
Las empresas Khersun, Deleste, Farmacard, Nutrimed, entre otras prestadoras, formaban parte del engranaje, cobrando comisiones entre 25 % y 30 % por facturaciones que, según la acusación, correspondían a servicios inexistentes prestados al SeNaSa.
El Ministerio Público indica que Hazim era el beneficiario final del esquema de lavado, utilizando sociedades como PDSS Servicios a tu Salud, S.R.L. y OGSS Prestadora de Servicios de Salud, S.R.L., para canalizar los fondos provenientes de las contrataciones ilícitas.
La villa en Casa de Campo: lujo, turismo exclusivo y presunto ocultamiento
Uno de los bienes que ha generado mayor controversia es una villa de lujo en Casa de Campo, en el sector El Ingenio No. 21, promocionada en portales internacionales de alquiler de lujo como Caribbean Luxury Villas.
El inmueble, con 4 habitaciones con baño privado, piscina privada, chef y camarero incluidos, acceso al resort y tarifas desde US$2,200 por noche, habría sido omitido parcialmente en la declaración jurada de Hazim, según las autoridades. La villa es descrita como ideal para turismo de alto nivel y forma parte de un conjunto de bienes supuestamente no declarados.
El imputado Germán
Rafael Robles Quiñones junto a Rafael Polanco Sánchez, quien habría servido
como fachada para ocultar la verdadera titularidad.
El pent-house de Germán Robles: ocupación sin título y fachada societaria
El documento de entrega del pent-house PH-A-18, suscrito el 18 de mayo de 2023, lo identifica como propietario, y según los fiscales, Robles visitó y recorrió la construcción acompañado de su esposa e hija. Su familia ha sido la única en ocupar el inmueble desde su terminación.
El inmueble fue formalmente comprado por Proyecto LC en diciembre de 2023 mediante 10 transferencias equivalentes a USD$790,098.86, todas realizadas por Polanco.
Además, Proyecto LC habría transferido RD$6,000,000 a la cuenta personal de Robles mientras este era funcionario del SeNaSa.
Se recuerda que la
audiencia inició a las dos de la tarde del martes 9 de diciembre de 2025
cuando los imputados fueron trasladado hasta la sala de audiencia, desde la
cárcel que está bajo responsabilidad de la Fiscalía del Distrito
del Distrito Nacional.
Una medida de coerción con fuerte expectación
El Juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional continuará este jueves 11 de diciembre la audiencia de medida de coerción contra los 10 imputados del caso.
Los fiscales solicitaron 18 meses de prisión preventiva para los acusados, señalando que los perjuicios al SeNaSa superan los RD$15,000 millones.
Los implicados son: Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera y Heidi Mariela Pineda Perdomo.
La investigación es dirigida por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la PEPCA, bajo la coordinación de Wilson Camacho y Mirna Ortiz.
“Seguimos amarrando los cabos que podrían andar sueltos. Este es un caso que se trabaja día a día, hora por hora, por su nivel de complejidad”, indicó una fuente del Ministerio Público.
Empleados del
Ministerio Público trasladan al Tribunal de Atención Permanente las supuestas
evidencias que sustentan la acusación en el caso de presunta corrupción en SeNaSa,
con miras al conocimiento de la medida de coerción.
Con cada avance, queda más claro que la Operación Cobra es uno de los expedientes de presunta corrupción y ocultamiento patrimonial más complejos, sensibles y extensos de los últimos años en la República Dominicana.
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