Mientras la suspensión temporal del proyecto minero Romero, en San Juan, fue interpretada por sectores ambientalistas como una victoria ciudadana, nuevas voces advierten que el foco de interés de grandes corporaciones mineras se habría trasladado silenciosamente hacia la frontera noroeste, específicamente a las concesiones Neita Norte y Neita Sur, en Dajabón.
La situación ha provocado alarma entre organizaciones comunitarias, productores agrícolas, ambientalistas y residentes de municipios fronterizos, quienes aseguran que la explotación minera podría comprometer el acceso al agua potable, afectar importantes cuencas hidrográficas y transformar radicalmente el equilibrio ecológico de la región.
El proyecto Neita y la nueva disputa minera
El centro de la controversia gira alrededor del denominado Proyecto Neita-Candelones, operado por la empresa canadiense Unigold Inc., que desde hace años desarrolla actividades de exploración minera en la zona.
De acuerdo con informaciones difundidas por organizaciones sociales y medios digitales, la concesión Neita Sur estaría próxima a recibir permisos de explotación de largo plazo, mientras que Neita Norte continúa avanzando en procesos de exploración con participación de Barrick Gold, una de las empresas mineras más grandes del mundo.
Según datos divulgados por sectores opositores al proyecto, ambas concesiones abarcarían unas 20,892 hectáreas en la provincia Dajabón, una extensión considerada estratégica por su cercanía con importantes nacimientos de agua y zonas boscosas.
Las denuncias apuntan a que el Ministerio de Medio Ambiente habría renovado recientemente permisos de perforación en el área, situación que incrementó la preocupación comunitaria y las críticas sobre una supuesta falta de transparencia en torno a los procesos de autorización.
El agua, en el centro de la preocupación
Uno de los principales argumentos de quienes rechazan la expansión minera en Dajabón es el posible impacto sobre las fuentes hídricas que abastecen a miles de familias de la zona fronteriza.
Los ríos Neita, Libón y Dajao son señalados como ecosistemas vulnerables frente a cualquier actividad extractiva de gran escala. Estas corrientes alimentan acueductos esenciales para municipios como Restauración, Loma de Cabrera, Partido, Capotillo y El Pino.
Además, todas estas cuencas desembocan en el río Artibonito, considerado uno de los sistemas hídricos más importantes de la isla Hispaniola, compartido por República Dominicana y Haití.
Sectores comunitarios advierten que la contaminación o alteración de estas fuentes podría agravar aún más la crisis de acceso al agua potable que afecta a comunidades fronterizas. Organizaciones locales sostienen que una parte importante de los hogares de la región ya enfrenta dificultades severas para obtener agua segura de manera constante.
La preocupación se intensifica debido a antecedentes nacionales e internacionales relacionados con minería metálica y contaminación de ríos, especialmente en provincias donde históricamente se han denunciado daños ambientales derivados de actividades extractivas.
Acusan “doble discurso” ambiental
Diversas organizaciones han cuestionado lo que describen como una contradicción entre los programas de reforestación impulsados por el Estado y la expansión simultánea de concesiones mineras en las mismas áreas protegidas o forestales.
Mientras instituciones gubernamentales desarrollan jornadas de siembra y recuperación de cuencas en Dajabón, críticos denuncian que el Ministerio de Energía y Minas ha continuado otorgando permisos de exploración minera en distintos puntos de la provincia.
Datos citados por activistas indican que desde 2020 se habrían emitido más de 50 concesiones de exploración en Dajabón, cubriendo decenas de miles de hectáreas.
Las áreas bajo interés minero incluyen territorios de vocación agrícola y forestal, donde comunidades dependen tradicionalmente del cultivo de café, cacao, la ganadería y actividades vinculadas al ecoturismo.
Productores locales temen que la llegada de proyectos extractivos transforme de manera irreversible el modelo económico y ambiental de la región fronteriza.
Barrick Gold y el interés estratégico en la frontera
Las denuncias sobre el supuesto interés de Barrick Gold en Dajabón han añadido una nueva dimensión al debate nacional sobre minería y soberanía ambiental.
Informaciones atribuidas a diversas fuentes sostienen que la multinacional habría suscrito acuerdos vinculados a exploraciones en Neita Norte, lo que genera inquietud debido al historial de conflictos ambientales y sociales asociados a proyectos mineros de gran escala en distintas partes del país.
Aunque sectores empresariales defienden que la minería moderna puede desarrollarse bajo estándares internacionales y generar empleos, opositores advierten que la experiencia dominicana demuestra que los costos ambientales suelen recaer sobre las comunidades.
La preocupación aumenta debido a la ubicación fronteriza del proyecto y al potencial impacto binacional sobre las cuencas compartidas entre República Dominicana y Haití.
Renberto Pichardo denuncia “distracción” con caso Romero
El presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción (C3), Renberto Pichardo, afirmó recientemente que la suspensión temporal del proyecto Romero en San Juan estaría siendo utilizada como una “distracción mediática” mientras avanzan silenciosamente las concesiones mineras en Dajabón.
Durante declaraciones difundidas en medios nacionales, Pichardo sostuvo que el verdadero interés de inversionistas nacionales e internacionales estaría concentrado en Neita Norte y Neita Sur.
El dirigente citó además un informe del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo publicado en 2016, titulado “La explotación de los recursos mineros en el área de la frontera dominico-haitiana: un desafío para la gestión y la protección de las fuentes de agua de la isla Hispaniola”.
Según explicó, dicho documento advertía hace años sobre los riesgos ambientales y transfronterizos asociados a proyectos extractivos en la zona fronteriza.
Pichardo también señaló que figuras empresariales y exejecutivos vinculados al sector minero y energético habrían sido incorporados al consejo de administración de Unigold, interpretándolo como una estrategia orientada a facilitar futuras aprobaciones de explotación.
Hasta el momento, ni el Gobierno dominicano ni el Ministerio de Energía y Minas habían emitido una respuesta oficial detallada sobre las denuncias y cuestionamientos realizados por organizaciones sociales y comunitarias.
Una frontera entre el desarrollo y la supervivencia
La situación en Dajabón refleja el profundo dilema que enfrenta República Dominicana respecto a la explotación de recursos naturales y la preservación ambiental.
Por un lado, sectores oficiales y empresariales defienden la minería como motor económico, fuente de divisas y generadora de empleos en regiones históricamente empobrecidas.
Por otro, comunidades fronterizas temen que el precio del llamado desarrollo sea la pérdida de sus fuentes de agua, la degradación de los bosques y el deterioro irreversible de ecosistemas esenciales para la vida y la producción agrícola.
En medio de la creciente tensión, organizaciones sociales exigen mayor transparencia, consultas públicas amplias y estudios ambientales independientes antes de cualquier autorización definitiva.
La gran pregunta que comienza a resonar en la frontera dominicana es si el país está dispuesto a sacrificar sus reservas de agua y biodiversidad en nombre de la expansión minera.
Y mientras el debate se intensifica, en Dajabón crece la percepción de que la verdadera batalla minera de República Dominicana apenas comienza.
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