Auditorias revelan que ministerios y entidades estatales distribuyen millones en tickets y galones de carburante sin registros claros, beneficiando a empleados no autorizados y dejando fondos en paradero desconocido.
Santo Domingo.- El sistema de asignación de combustible en instituciones públicas se ha convertido en un terreno fértil para la discrecionalidad y el desorden administrativo. Auditorías recientes de la Cámara de Cuentas y la Contraloría General han destapado un patrón de irregularidades que compromete cientos de millones de pesos en recursos estatales.
Los hallazgos muestran que ministerios y organismos como Juventud, Relaciones Exteriores, Deportes, la CAASD, el Cuerpo de Seguridad Presidencial, el Inabie y el Consejo Estatal del Azúcar, entre otros, han entregado tickets y galones de carburante sin constancia de quién los recibe, en cantidades que superan los límites legales y, en algunos casos, triplican el salario de los beneficiarios.
En el CEA, por ejemplo, se detectaron más de 464 galones de gasoil fuera de inventario y un esquema de distribución que antes abastecía apenas 45 vehículos, pero que hoy, con la misma asignación, cubre una flotilla de 340. El contraste evidencia el despilfarro previo y la falta de controles efectivos.
El Ministerio de la Juventud, por su parte, no pudo justificar más de 19 millones de pesos en tickets de combustible entre 2020 y 2021. La CAASD adquirió más de 52 millones en carburante mediante compras fraccionadas, evitando procesos de contratación pública, sin que se conozca el destino final de esos recursos. El Cusep recibió cheques y tickets por más de 11 millones sin firmas de beneficiarios ni registros de entrega.
La Ley 105-13, que regula las asignaciones salariales en el Estado, establece que solo altos cargos pueden recibir combustible como beneficio adicional y nunca por encima del 10 % de su sueldo. Sin embargo, las auditorías revelan que instituciones como el Inabie y ProCompetencia otorgaron miles de pesos en carburante a choferes, asistentes y técnicos, violando la normativa.
Organizaciones cívicas como Participación Ciudadana advierten que el combustible sigue siendo uno de los rubros más opacos del gasto público y que, además de las irregularidades administrativas, se utiliza con fines políticos en procesos electorales. Pese a los hallazgos, hasta ahora no se han derivado sanciones penales ni administrativas.
0 Comentarios
Deje su comentario
Emoji