Decisión marca un punto de inflexión en el proceso de corrupción administrativa más voluminoso de los últimos años
Santo Domingo.- El expediente de presunta corrupción administrativa que involucra a exfuncionarios y empresarios, considerado uno de los más extensos en la historia reciente, entró en una nueva etapa judicial tras más de tres años de investigación.
La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidió enviar a juicio de fondo a 35 de los 40 imputados, al concluir que existen pruebas suficientes para que un tribunal colegiado determine responsabilidades penales. Entre los enviados a juicio figuran el exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz, señalado como pieza clave del entramado, y el abogado Ángel Lockward, junto a varias personas físicas y jurídicas.
En contraste, la magistrada dictó no ha lugar a favor del exministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, del exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, y otros tres acusados, al considerar que las pruebas presentadas no justificaban una apertura de juicio en su contra.
Una victoria parcial y un proceso abierto
La decisión ha sido interpretada como un triunfo dividido: el Ministerio Público celebra que la mayoría de los acusados enfrentarán juicio, mientras las defensas de los beneficiados destacan las debilidades de la acusación.
El procurador adjunto Wilson Camacho anunció que apelará los no ha lugar, alegando que la jueza incurrió en una errónea valoración de pruebas y omitió testimonios clave que vinculan a los favorecidos con la presunta red de corrupción. La Corte de Apelación tendrá la última palabra: podrá confirmar la exclusión o revocar la decisión y ordenar que los cinco imputados también sean enviados a juicio.
Qué significa la apertura a juicio
El auto de apertura no implica culpabilidad. Su función es determinar si las evidencias reunidas ameritan ser debatidas en un juicio oral. Durante esa etapa se presentarán pruebas, se escucharán testigos y se confrontarán los argumentos de acusación y defensa.
La legislación dominicana establece que el proceso contra los 35 acusados continuará, aun cuando se conozcan las apelaciones de los cinco excluidos. De esta manera, se evita que los recursos retrasen el avance del caso.
El reto del Ministerio Público
Aunque logró llevar a juicio a la mayoría, el verdadero desafío apenas comienza. Los fiscales deberán probar más allá de toda duda razonable delitos como asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, soborno, lavado de activos, falsificación de documentos y financiamiento ilícito de campañas políticas.
El caso Calamar, junto a expedientes como Antipulpo, Coral y Medusa, se ha convertido en una prueba institucional para el sistema judicial dominicano. La magnitud del proceso anticipa un juicio que podría extenderse durante meses o incluso años, mientras se libra una intensa batalla en las cortes de apelación.
Lo único claro es que la investigación terminó, pero la etapa más decisiva para establecer responsabilidades apenas comienza.
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