Santo Domingo, RD.- En una de las decisiones judiciales más trascendentales de los últimos años en materia de combate a supuesta corrupción administrativa, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó la madrugada de este martes 16 de junio de 2026 a 20 años de prisión al mayor general Adán Cáceres Silvestre, al general Juan Carlos Torres Robiou y al coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez de Aza, tras encontrarlos culpables de encabezar una compleja estructura de corrupción que desvió miles de millones de pesos de fondos públicos.
La sentencia marca el desenlace de uno de los procesos penales más emblemáticos surgidos a partir de las investigaciones anticorrupción impulsadas por el Ministerio Público en los últimos años y representa un duro golpe contra una red que, según las autoridades, operó durante casi una década desde instituciones encargadas de la seguridad presidencial y turística del país.
El fallo fue emitido por el tribunal presidido por la jueza Esmirna Gisselle Méndez, e integrado por las magistradas Tania Yunes y Jissel Naranjo, luego de un extenso juicio que se prolongó por meses y en el que fueron presentadas cientos de pruebas documentales, financieras, periciales y testimoniales.
La lectura de la sentencia inició alrededor de las 3:00 de la tarde del lunes y concluyó a las 2:22 de la madrugada de este martes, evidenciando la magnitud del expediente y la complejidad de los hechos juzgados.
La condena contra la cúpula
Las juezas declararon culpables a Cáceres Silvestre y a Torres Robiou de asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito, incremento patrimonial injustificado y delitos agravados por su condición de funcionarios públicos.
En tanto, Rafael Núñez de Aza fue hallado culpable de asociación de malhechores, prevaricación, soborno, desfalco, estafa contra el Estado, enriquecimiento ilícito y lavado de activos agravado.
Además de las penas de prisión, el tribunal impuso a los tres condenados el pago de 400 salarios mínimos y ordenó la devolución de RD$5,000 millones al Estado dominicano como parte de la reparación por los daños ocasionados al patrimonio público.
Cómo operaba la estructura
De acuerdo con el expediente acusatorio presentado por el Ministerio Público, la organización funcionó entre los años 2012 y 2020 utilizando estructuras administrativas del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP), del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) y otras dependencias estatales.
La investigación estableció que la red presuntamente manipulaba nóminas, fondos de inteligencia, partidas destinadas a combustibles y recursos para alimentación institucional, creando mecanismos que permitían el desvío sistemático de dinero público.
Uno de los principales métodos consistía en la designación de militares y agentes policiales cuyos salarios oscilaban entre RD$20,000 y RD$70,000 mensuales. Sin embargo, según la acusación, estos empleados solo recibían una parte de los recursos asignados, mientras que el resto era sustraído y distribuido entre integrantes de la organización.
Las magistradas concluyeron que los hechos ilícitos fueron cometidos principalmente durante las gestiones de Cáceres Silvestre al frente del CUSEP y de Torres Robiou en el CESTUR.
Condenas de 15 años
El tribunal también impuso penas de 15 años de prisión al general de la Fuerza Aérea Julio Camilo de los Santos Viola y a la pastora Rossy Guzmán Sánchez, conocida públicamente como “La Pastora”, quienes además deberán pagar 400 salarios mínimos.
Ambos fueron considerados piezas relevantes dentro de la estructura financiera que permitió ocultar y movilizar recursos obtenidos ilícitamente.
Sentencias de 10 años
Entre los condenados a diez años de prisión figuran: Esmeralda Ortega Polanco, José Manuel Rosario Pirón, Boanerges Reyes Batista, Franklin Antonio Mata Flores, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Erasmo Roger Pérez Núñez y Kelman Santana Martínez.
Las multas impuestas oscilan entre 200 y 400 salarios mínimos, dependiendo del grado de participación atribuido a cada uno de los imputados.
El caso del testigo clave
Uno de los aspectos más relevantes del proceso fue la participación del mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, considerado por los fiscales como el principal colaborador y testigo de la investigación.
Girón ofreció informaciones que permitieron reconstruir el funcionamiento interno de la organización y establecer responsabilidades individuales de varios de sus integrantes.
El tribunal lo condenó a cinco años de prisión, pena considerada cumplida debido a los acuerdos de colaboración y al tiempo transcurrido bajo medidas judiciales.
Condenas suspendidas
La sentencia también incluyó penas suspendidas para varios acusados, entre ellos Pedro Roberto Castillo Nolasco, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Alejandro José Montero Cruz, Epifanio Peña Lebrón, Lucía de los Santos Viola, Raymel Pastor del Rosario Viola, Onoris Beatriz Soto de los Santos, Elida María Trinidad Santiago y Carlos Lantigua.
Las sanciones oscilan entre tres y cinco años de prisión, acompañadas de multas económicas y condiciones especiales de cumplimiento.
Los absueltos
El tribunal descargó de responsabilidad penal a Tanner Antonio Flete Guzmán, Guillermo de Jesús Torres Robiou, Santiago Antonio Suárez Peguero, Miguel Ventura Pichardo y Erick Daniel Pereyra Núñez, al considerar que las pruebas presentadas no resultaron suficientes para sustentar una condena.
Wilson Camacho
Ministerio Público celebra la decisión
Wilson CamachoTras conocerse el fallo, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó la sentencia como un acontecimiento histórico para el sistema de justicia dominicano.
“Es una decisión histórica que ha condenado entre 10, 15 y 20 años a la plana mayor de esta estructura criminal y esta sentencia es un reconocimiento al trabajo del Ministerio Público y a la fortaleza de la investigación”, declaró Camacho al concluir la audiencia.
El funcionario destacó que la decisión envía un mensaje contundente sobre la capacidad del sistema judicial para perseguir y sancionar actos de corrupción cometidos desde las más altas esferas del Estado.
Un precedente para la justicia dominicana
La sentencia del precitado caso de presunta corrupción constituye una de las condenas más severas impuestas contra altos mandos militares y funcionarios públicos en la historia reciente de República Dominicana.
Más allá de las penas de prisión, el fallo refuerza la tendencia de los tribunales a imponer sanciones patrimoniales significativas y a exigir la restitución de los recursos públicos desviados.
Aunque la decisión aún podría ser recurrida ante instancias superiores, juristas y observadores consideran que el veredicto representa un hito en la lucha contra la corrupción administrativa y un precedente que podría influir en futuros procesos relacionados con el manejo irregular de fondos estatales.
Con esta decisión, uno de los expedientes judiciales más complejos y emblemáticos de la última década entra en una nueva etapa, mientras el país sigue atento al curso de las apelaciones y a la ejecución de una sentencia que ya ha sido catalogada como histórica.
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