Exsenador Rafael Calderón enfrentará juicio por corrupción

Tribunal ordena apertura de proceso en caso que involucra más de 19 mil millones de pesos

Santo Domingo. -El Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional dispuso este viernes la apertura de juicio de fondo contra el exsenador de Azua, Rafael Porfirio Calderón, acusado de presuntos actos de corrupción administrativa vinculados a una red que habría defraudado al Estado dominicano con miles de millones de pesos.

La jueza Altagracia Ramírez consideró que existen pruebas suficientes para que el exlegislador enfrente el proceso judicial. La audiencia preliminar fue conocida de manera separada debido a problemas de salud del imputado.

Por su parte, el abogado defensor Wilson Beriguete afirmó que el juicio permitirá demostrar la inocencia de su cliente y lograr su absolución.

Red de corrupción y otros implicados

En este expediente, la magistrada envió a juicio a 35 de los 40 acusados, entre ellos el exministro de Hacienda Donald Guerrero, señalado como principal responsable de la presunta estructura ilícita. También figuran el abogado Ángel Lockward, Agustín Mejía Ávila, Princesa Alexandra García Medina, Juan Tomás Polanco Céspedes, Julián Omar Fernández Figueroa, Kimberly Salas Martínez, Natalie Hernández Guzmán, Luis Miguel Piccirillo McCabe, Manuel Milcíades Morilla Soto, César Miguel Santana Martínez, Mabel Sahina Mejía Cintrón y Marino Cabrera Ramón, entre otros.

Asimismo, fueron remitidas a juicio varias empresas, como Miqui Trade, S.R.L., Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, S.R.L., Britza Inversiones y Construcciones, S.R.L., Brimart Comercial BM, S.R.L., Bribae Dominicana, S.R.L., Inmobiliaria Santa Bárbara, S.R.L., y Intercaribe Mercantil, S.A.S., señaladas por el Ministerio Público como instrumentos para el blanqueo de capitales.

Modus operandi de la red

De acuerdo con la acusación, el grupo habría sustraído al Estado más de 19 mil millones de pesos mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y sobornos destinados a financiar la campaña electoral de 2020.

El esquema consistía en identificar deudas pendientes del Estado por expropiaciones, contactar a los herederos y ofrecer agilizar los pagos a cambio de que cedieran gran parte del dinero a empresas de carpeta vinculadas a la red.

Además, la estructura imponía cuotas mensuales de extorsión a bancas de lotería, deportivas y colmadones, bajo amenaza de clausura utilizando su influencia en el Ministerio de Hacienda. Los fondos obtenidos eran posteriormente lavados mediante sociedades comerciales ficticias.