Ministerio Público investiga manejo irregular de RD$3,700 millones del Senasa y pide prisión preventiva
Santiago. – La Operación Onco14 ha puesto bajo la lupa el manejo de aproximadamente RD$3,700 millones provenientes del Seguro Nacional de Salud (Senasa), administrados por el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC). Así lo reveló este martes el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, quien aseguró que el caso cuenta con abundantes pruebas que sustentan la solicitud de prisión preventiva contra los principales imputados.
Camacho explicó que los fondos investigados corresponden exclusivamente a recursos transferidos por el Senasa, y que el Ministerio Público busca demostrar cómo fueron desviados mediante una estructura fraudulenta. “El Oncológico manejó solamente del Seguro Nacional de Salud aproximadamente 3,700 millones de pesos, que es lo que está investigando el Ministerio Público”, puntualizó.
Audiencia aplazada y solicitud de coerción
La audiencia de medida de coerción fue pospuesta para el próximo viernes 19 de junio, luego de que el tribunal de Atención Permanente de Santiago aplazara la vista. El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva para los imputados y que el caso sea declarado complejo.
Los acusados son:
Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer.
Luisa Yasiris Guzmán, esposa de Lora Cruceta y presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa del imputado y exvicepresidenta del patronato.
Mecanismos fraudulentos bajo investigación
El expediente detalla un entramado de irregularidades que incluye:
Fraude clínico y farmacéutico.
Doble facturación al Senasa.
Entrega incompleta de medicamentos.
Venta de fármacos donados.
Contrabando con exoneraciones fiscales.
Tráfico de sustancias controladas.
Reembolsos fraudulentos.
Sabotaje digital.
Lavado de activos.
Cargos atribuidos
El Ministerio Público acusa a los imputados de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología y lavado de activos, entre otras infracciones penales. Según Camacho, las pruebas presentadas buscan garantizar que el tribunal imponga prisión preventiva y que el caso avance como un proceso complejo dada la magnitud de los fondos y la diversidad de delitos involucrados.
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