Santo Domingo, DN.- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitirá este lunes 15 de junio de 2026 una de las decisiones judiciales más esperadas de los últimos años al pronunciar la sentencia de fondo en un proceso que involucra a altos oficiales militares y civiles acusados de integrar una estructura que habría desviado más de 4,500 millones de pesos de fondos públicos.
La expectativa es elevada debido a la magnitud del expediente y a la relevancia de los principales acusados, quienes ocuparon posiciones estratégicas dentro de organismos de seguridad del Estado durante varios años. El Ministerio Público sostiene que la red operó mediante un sofisticado esquema de corrupción administrativa que permitió la sustracción sistemática de recursos destinados a labores de inteligencia, alimentación, combustibles y pagos de nómina.
Entre los principales imputados figura el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), señalado por los fiscales como uno de los cabecillas de la presunta organización criminal. Junto a él también enfrentan juicio el general de la Fuerza Aérea Julio Camilo de los Santos Viola, quien fungió como subjefe del Cusep, y el general Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), actualmente denominado Politur.
Asimismo, figura entre los acusados Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, conocida públicamente como “la Pastora”, quien según el expediente tuvo una participación relevante en las operaciones financieras atribuidas a la alegada red de corrupción.
El órgano acusador ha solicitado una condena de 20 años de prisión para Cáceres Silvestre, De los Santos Viola, Torres Robiou y Guzmán Sánchez, al considerar que desempeñaron roles fundamentales dentro de la estructura que, presuntamente, operó entre los años 2012 y 2020.
De acuerdo con la acusación, los recursos públicos eran desviados desde el Cusep, el Cestur y otras dependencias estatales, incluyendo el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), mediante múltiples mecanismos fraudulentos destinados a ocultar el destino final del dinero.
Uno de los esquemas descritos por los fiscales consistía en la inclusión de miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en nóminas institucionales con salarios que oscilaban entre 20 mil y 70 mil pesos mensuales. Sin embargo, según la investigación, esos empleados solo recibían aproximadamente un 10 por ciento del monto asignado, mientras que el resto era presuntamente apropiado por integrantes de la red.
El Ministerio Público sostiene además que los acusados utilizaron empresas, testaferros y familiares para ocultar bienes y recursos obtenidos de manera ilícita, acumulando un importante patrimonio que incluía propiedades, vehículos, cuentas bancarias y otras inversiones.
La decisión estará a cargo del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la jueza Esmirna Gisselle Méndez e integrado por las magistradas Tania Yunes y Jissel Naranjo, quienes tendrán la responsabilidad de determinar si las pruebas presentadas durante el extenso juicio son suficientes para establecer la culpabilidad de los procesados.
Durante el conocimiento del caso, el Ministerio Público presentó cientos de pruebas documentales, periciales y testimoniales con las que procuró demostrar la existencia de una estructura criminal organizada para defraudar al Estado dominicano. Por su parte, las defensas han rechazado las acusaciones y sostienen que las evidencias carecen de consistencia para sustentar condenas penales.
También están incluidos el mayor policial José Manuel Rosario Pirón; la primera teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez; la exgerente del Banco de Reservas Esmeralda Ortega Polanco; el sargento Alejandro José Montero Cruz; y el general retirado del Ejército Epifanio Peña Lebrón, quien se desempeñó como consultor jurídico del Cusep.
La acusación alcanza igualmente a varios familiares del exsubjefe del Cusep, entre ellos Lucía de los Santos Viola, Raymel Pastor del Rosario Viola y Onoris Beatriz Soto de los Santos, además de Manuel de Jesús Alba Solano, señalado como suegro de Julio Camilo de los Santos Viola.
La sentencia que será dada a conocer este lunes marcará un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción administrativa en la República Dominicana y podría convertirse en una de las decisiones judiciales de mayor trascendencia dentro de los procesos anticorrupción impulsados durante los últimos años. Tanto el Ministerio Público como las defensas han adelantado que, independientemente del fallo, el caso podría continuar su curso en instancias superiores mediante los recursos legales correspondientes.
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