Recta final para el Ministerio Público que no llegará a los 30 años, reservados para los 'rebeldes' que conduzcan un levantamiento con empleo de las armas.
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| Cartel que promueven los independentistas de Cataluña en demanda de que sus compañeros apresados sea puestos en libertad. |
Madrid.- La Fiscalía ultima su escrito
provisional de acusación que deberá presentar ante el Tribunal Supremo en los
próximos días. En él planea mantener la rigurosidad que ya ha mostrado a lo
largo de la instrucción de la causa sobre el 'procés' y apostará por el
delito de rebelión y penas altas para los nueve políticos presos.
La solicitud de condena que baraja ronda
los 20 años de prisión en el caso de Junqueras y será mayor a los 15, en
función del grado de responsabilidad, para el resto de reclusos.
También proporcional a la decisión que ha
defendido el Ministerio Público de mantenerles en prisión provisional hasta la
celebración del juicio motivada, en gran parte, por los años a los que se
enfrentan, informan a El Confidencial fuentes jurídicas.
La versión definitiva de estas
conclusiones, que pueden modificarse tras la celebración del juicio, aún
no está lista pero los cuatro fiscales encargados de la causa por el “procés” trabajan
en ella desde hace semanas con la seguridad de que la apertura del juicio oral
está ya cercana.
Las condenas que se reclamarán se
dividirán de forma proporcional a la responsabilidad de los
procesados en los hechos. Por ello, la más rigurosa recaerá en Oriol
Junqueras.
En el arco cercano se encuentran también
los exconsellers que impulsaron medidas concretas a favor de la ruptura como
Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn y Dolors Bassa.
Contra los presidentes de las asociaciones
soberanistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, pesa también el delito de rebelión
pero no el de malversación por lo que es previsible que la pena sea menos alta.
Lo mismo sucede con la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, a la que no
se imputa el uso de caudales públicos para sustentar la independencia.
La versión definitiva aún no está lista
pero los cuatro fiscales trabajan en ella con la seguridad de que la apertura
del juicio oral está ya cerca.
Los argumentos que maneja el equipo fiscal
demuestran que las presiones desde la política no han hecho mella en su
convicción de que los hechos encajan con lo que recoge el artículo 472 y
siguientes del Código Penal.
"Son reos del delito de rebelión los
que se alzaren violenta y públicamente" para, entre otros supuestos,
declarar la independencia de una parte del territorio nacional.
La malversación de caudales públicos, que
supera con creces los tres millones de euros, pesará como agravante.
El arco de acusación se ajustará en
función de la responsabilidad y es previsible que se generen grupos
diferenciados en función de los años a los que se arriesgan en sentencia.
La norma establece diferencias entre los
que "promuevan o sostengan la rebelión", es decir "los
jefes principales de ésta" y los que ejerzan un mando subalterno.
Las penas, para los primeros, entre ellos
varios de los políticos presos, van de quince a veinticinco años e
inhabilitación absoluta por el mismo tiempo.
Los considerados como 'ejecutores' de
órdenes y no impulsores, se enfrentan a penas de diez a quince años y otras
menores, de cinco a diez años, si se les identifica como meros participantes.
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