Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader anuló este viernes mediante decreto los permisos otorgados en el gobierno pasado al Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB), poniendo así fin al proyecto cuya lesividad al interés nacional fue ratificada por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia este diciembre.
El presidente Abinader dejó sin efecto el
decreto 270-20 de julio de 2020, emitido a tan solo 23 días del traspaso de
mando a favor del empresario Abraham Hazoury y del Grupo Abrisa.
La sentencia de la Suprema Corte de
Justicia dictaminó que el Poder Ejecutivo incurrió en un exceso al emitir ese
decreto.
Entre los considerandos del decreto 2-24
dado a conocer al caer la tarde de hoy se cita precisamente la decisión de la
Suprema consistente en un rechazo a unanimidad del recurso del AIB que buscaba
invalidar la declaración que lo calificaba de lesivo al interés nacional, emitida
por el Instituto de Aviación Civil (IDAC) y que, de paso, desestimó el proyecto
tal como fue concebido y aprobado originalmente.
Se hace hincapié en que el proyecto debió
ser licitado y no otorgado grado a grado por el Poder Ejecutivo.
También, que en octubre de 2021 a través
de la sentencia
0030-03-2021-SSEN-00434, el Tribunal Superior Administrativo
(TSA) calificó de lesivo para el interés general el permiso que otorgó el
Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) el 11 de agosto del 2020 para la
construcción de ese aeropuerto, y por vía de consecuencia revocó la
autorización para el inicio de la obra.
De igual manera, que en octubre de 2020 el
propio Instituto
Dominicano de Aviación Civil (IDAC) declaró como lesivo al
interés público el AIB aduciendo que su aprobación violó "los principios,
normas y procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente lo
cual justifica su nulidad" y ordenó la suspensión de la construcción del
mismo.
A esto también se suma la resolución
del Ministerio de Medio Ambiente
y Recursos Naturales del 12 de septiembre de 2022, que
anuló la licencia ambiental que favorecía esa obra, corrigiendo así las
irregularidades que se cometieron a finales del Gobierno pasado, con lo cual se
reafirma el fortalecimiento de las instituciones y de la seguridad jurídica en
la República Dominicana.
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