Santo Domingo.- El martes de esta semana, durante el juicio preliminar de la Operación Medusa, seis personas y una empresa admitieron su culpabilidad ante el juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, complicando el escenario al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, principal implicado en el caso de corrupción administrativa.
Se trata de los imputados Carlos
Augusto Guzmán Oliver, representante de la razón social Herrajes
Rachel; César Nicolás Rizik Pimentel, los hermanos Daniel
Enrique Vásquez Féliz y Francisco Alberto Vásquez Féliz, Fausto
José Cáceres Santerio, Francisco Arturo Santos Gómez y la
empresa La Parasata Mercantil. Estos admitieron su
culpabilidad luego de que cada uno arribara a un acuerdo con el Ministerio
Público para colaborar con el proceso.
A propósito, el Consejo de Defensa del
imputado Jean Alain Rodríguez calificó de "extorsión y deslealtad
procesal" los acuerdos que siete involucrados en la Operación
Medusa llevaron a cabo con el Ministerio Público al admitir su
culpabilidad en las acciones que se les imputan.
En un comunicado,
los juristas Carlos Balcácer, Gustavo Biaggi y Nelys Rivas, indicaron que
los miembros de la Procuraduría General de la República incluyeron en su
acusación a más de 30 personas que, según afirman, no conocen al ex procurador
general. Por tanto, entienden que estos imputados fueron forzados a declararse
culpables a través de acuerdos.
Varían conclusiones.- Tras estos
acuerdos, el órgano acusador varió sus conclusiones iniciales respecto a los
acusados Daniel Enrique Vásquez Féliz, Francisco Alberto Vásquez Féliz y Santos
Gómez, para quienes pidió el cumplimiento de la pena de tres años de reclusión,
bajo la modalidad de pena suspendida.
El Ministerio Público estableció que los
hermanos Vásquez Féliz y Santos Gómez deben de residir en un lugar determinado,
y en caso de cambiar el domicilio, se debe hacer constar de manera escrita.
También, abstenerse de viajar al extranjero sin previa notificación a la
autoridad judicial competente, no tener arma de fuego, entre otras
reglas.
La coordinadora de litigación de la
Procuraduría Especializada de Persecución Administrativa (Pepca), Mirna
Ortiz, explicó que con Guzmán Oliver fue realizado un acuerdo pleno en
el que se solicitó la imposición de la pena en el tribunal, mientras que con
Rizik Pimentel un acuerdo penal parcial que va a conocerse en el juicio.
"En el caso de Rizik, como él admite
los hechos y solicita que se dicte auto de apertura a juicio, el juez al
momento de examinar, puede dictar auto de apertura a juicio y nos veremos en el
juicio", detalló la representante de la Pepca.
Asimismo, dijo que en el caso de Herrajes
Rachel al juez le corresponde decidir si admite o no el acuerdo penal abreviado
y en ese sentido puede establecer una condena.
Para la razón social Divamor
Group SRL, el órgano acusador solicitó que la misma sea condenada
al pago de una multa de RD$722,744.12, ordenar el decomiso a favor del Estado
dominicano de las acciones de la entidad comercial y ordenar la cancelación de
su registro mercantil.
De igual forma, solicitó que sea condenada
la entidad comercial Rogama SRL al pago de la multa RD$722,744.31, ordenar el
decomiso a favor del Estado dominicano de las acciones de la entidad comercial,
ordenar la cancelación de su registro mercantil y ordenar el decomiso a favor
del Estado dominicano del bien inmueble identificado como 309510540944,
matrícula número 3000248325, con una superficie de 1,500.28 metros cuadrados,
ubicada en Santo Domingo, propiedad de dicha entidad comercial.
Declaraciones de Rizik Pimentel.- Rizik Pimentel fue
el primero que decidió admitir su culpabilidad y decidió colaborar con el
órgano acusador "para poder llevar paz y tranquilidad a él y a su
familia".
"Estamos en todos posición de contribuir y colaborar con
lo que fuese necesario con el propósito de que no solamente yo, sino toda mi
familia, una vez por toda atravesemos esta experiencia que no ha dejado más que
calamidades, angustias e incertidumbre", expresó durante su intervención
en el tribunal.
El Ministerio Publicó acusa al imputado de
ser, junto a otros dos, a través de la Distribuidora Ropi SRL y la
colaboración del señor José Alberto Abbott Brugal, "presta nombre",
obtener dos contratos para los alimentos de las cárceles, por los que la PGR
pagó la suma de RD$131,019,966.84.
Según declaró el imputado, el 2016
participó en el proceso de licitación y le darían el contrato si
accedía a dar un porcentaje de lo ganado.
"En ese momento lo que sí
nos proponen y nos ordenan es dar un porcentaje a cambio de
ser beneficiada nuestra empresa", puntualizó.
Ante sus declaraciones, la
fiscal Mirna Ortiz, indicó que acogerá su testimonio y dará por
conocidas sus declaraciones, por lo que le asegura se acreditará para el
juicio.
Miguel Moya insiste es inocente.- Durante la
intervención de Miguel José Moya, este indicó que se siente
"pisoteado" y en "vergüenza" ante las acciones por la cual
se le señala en el caso Medusa, asegurando que es inocente.
Indicó que, junto a su esposa, Sara
María Fernández, han dedicado los últimos años de su vida en restablecer
personas y organizarlas donde hay crisis.
Aseguró que sus actividades no generan
lucro, por lo que desde que llegaron a la Procuraduría, según él, no han
comprado activos.
Al indicar que tras vincular a su familia
en la Operación Medusa todo se convierte en piedra, "está piedra
nuestra economía, piedra nuestra casa, piedra nuestros amigos, piedra nuestra
dignidad, que yo ni siquiera voy a actos públicos, tengo vergüenza de ir a
actos públicos".
Sin embargo, declaró que confía en la
justicia y el proceso que se lleva en su contra.
La audiencia, llevada a cabo el martes, duró
más de diez horas.
El pasado mes de diciembre el Ministerio
Público concluyó la presentación de la acusación solicitando al tribunal auto
de apertura a juicio para 41 personas físicas y 22 razones sociales acusadas en
este proceso.
Sobre la acusación.- El órgano del
sistema de justicia acusa al grupo de coalición de funcionarios, prevaricación,
asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos,
crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
Al ex procurador general Jean Alain
Rodríguez Sánchez se le atribuye dirigir el entramado de corrupción cuando
estuvo al frente de la Procuraduría General de la República en el período del
2016 al 2020.
Además de Rodríguez Sánchez, el proceso se
sigue contra Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la
Información y la Comunicación del Ministerio Público.
El órgano persecutor también acusa en este
entramado de corrupción a Alfredo Alexander Solano, ex subdirector
administrativo del Ministerio Público, y a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, ex
director administrativo.
Asimismo, a Jenny Marte Peña, exencargada
de Proyectos; a la ex subdirectora administrativa, Altagracia Guillén Calzado,
así como a Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y al
exasesor Miguel José Moya.
Pasadas las 9:00 de la noche el juez
Martínez dispuso el aplazamiento de la audiencia para las 9:00 de la mañana del
próximo 15 de marzo.
¿Qué dicen abogados de Jean Alain
RodrígueZ?.- El
Consejo de Defensa del imputado Jean
Alain Rodríguez calificó de "extorsión y deslealtad procesal"
los acuerdos que siete involucrados en la Operación Medusa llevaron
a cabo con el Ministerio Público al
admitir su culpabilidad en las acciones que se les imputan.
En un comunicado, los juristas Carlos
Balcácer, Gustavo Biaggi y Nelys Rivas, indicaron que los miembros de la Procuraduría General
de la República incluyeron en su acusación a más de
30 personas que, según afirman, no conocen al ex procurador general. Por tanto,
entienden que estos imputados fueron forzados a declararse culpables a través
de acuerdos.
Precisan que con estos acuerdos,
el órgano acusador demostró que este caso no está
"blindado" como sus representantes han manifestado en reiteradas
ocasiones.
"Realmente se ha confirmado que eran
falsas las narrativas de la acusación y que el expediente es una novela de
rencor personal, no un caso blindado", detalla el comunicado.
Además, acusan al Ministerio Público de
lograr estos acuerdos utilizando métodos prohibidos
y torturas psicológicas, las cuales, aclaran, son sancionadas sobre las convenciones de
los derechos humanos y las ley.
"Estos acusados de hechos graves, asistidos
por abogados aprobados por la Procuraduría,
son realmente víctimas de un grosero e ilegal chantaje a través del cual los
obligaron a reconocer su culpabilidad bajo amenazas de enviar a la cárcel sus
padres, tíos, esposos y esposas y otros familiares incluidos en la acusación,
ofreciéndoles a cambio de esa confesión la exoneración de culpa de esos
familiares y para ellos, por admitir esa culpabilidad, gestionarles una condena
simbólica de hasta 3 años de cárcel suspendida, es decir, sin ir a prisión un
solo día, siempre y cuando admitieran en audiencia pública la
teoría del Ministerio Público para
así estos no quedar como mentirosos, a lo que penosamente accedieron para
proteger sus familiares que incluyen personas enfermas y con más de 70 años de
edad", agrega.
En la audiencia de
juicio preliminar presidida por el juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de
la Instrucción del Distrito Nacional, sesos imputados y una empresa vinculada
al proceso hicieron la declaratoria de culpabilidad.
Fuentes: Audiencia en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito
Nacional, Comunicado de los juristas Carlos Balcácer, Gustavo Biaggi y Nelys
Rivas, de la barra de la defensa del exprocurador general de la República, Jean
Alain Rodríguez; y archivos periodísticos.
0 Comentarios
Deje su comentario
Emoji