Santo Domingo.- El Ministerio Público depositó este jueves la solicitud de medida de coerción de prisión preventiva y declaratoria de complejidad del proceso en contra de ocho personas físicas y 15 empresas o personas morales imputadas en la Operación Gaviota, acusados de estafar personas con más de 3,000 millones de pesos dominicanos.
Según una nota de prensa, los imputados
son Rafael Martínez Batista, Eridania García Veloz de Martínez, Rafael Martínez
Colón, Joanna del Cristo Amparo de Jiménez, William Félix Esquez D´ Oleo,
Carlos Manuel Jiménez Mauricio, Yunior Ariel Espinosa Martínez y Lucia Martínez
Colón.
Las personas morales, son Ixi Intermecom
Srl, Guro Investments Srl, Yirewall SRL, Cooperativa de Ahorros Créditos y
Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (Coopees), Investor Winner IW SRL, Vagary
Consulting SRL, Inversiones Cataleya SRL, Gratia Plena SRL, Ghanima Corporation
SRL, Taufik Investments SRL, Taufik Investments SRL, Fundación Doña Francisca
Martínez, Grupo Fasurielva, S.R.L, Inmobiliaria Luz del Ángel SRL, Antoni
Carpio Pisos y Construcciones SRL.
En el escrito de solicitud de medida de
coerción, el MP detalla los bienes
adquiridos por la organización y las distintas maniobras
que presuntamente usaban para lograr que la personas invirtieran su dinero bajo
un falso esquema de inversión.
El órgano persecutor puso en marcha
la Operación Gaviota contra
una red que captó más de 3,000,000,000.00 de pesos dominicanos a través de
un esquema fraudulento denominado Investor Winner.
La organización criminal prometía invertir
el dinero en actividades de trading, asegurando un rendimiento mensual del 10 %
al 30 %.
Los allanamientos, en los que
participaron más de cien policías, fiscales y unidades especiales, se
realizaron en La Altagracia, Santo Domingo, Azua, Dajabón y el Distrito
Nacional. En estos operativos se arrestaron personas y se incautaron evidencias
vinculadas a la investigación.
Método de operación.- La red se valía de
medios tecnológicos para perpetrar la estafa, empleando redes
sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram, para así atraer y
engañar a las víctimas. Prometían rendimientos inusualmente altos y
prácticamente imposibles de cumplir, atrayendo a los inversores potenciales con
promesas de ganancias extraordinarias y seguras, mucho más allá de lo que se
puede obtener en inversiones legítimas.
Por igual, los imputados reclutaban a los
inversores y los convencían de que estaban realizando una inversión legítima.
Crearon empresas para captar valores del
público sin poseer los permisos ni registros correspondientes ante la
Superintendencia de Bancos ni la Superintendencia
del Mercado de Valores.
Las captaciones se realizaban por niveles, utilizando
decenas de empresas secundarias y
terciarias, las cuales supuestamente canalizaban las inversiones hacia la
empresa principal. Sin embargo, no existen evidencias de la colocación de la
inversión en el bróker, ya que la colocación real fue menor al 15 % de lo
captado.
Los imputados realizaban pagos de
intereses con el capital de nuevos inversores, en lugar de utilizar el dinero
en inversiones reales. Los estafadores usaban estos fondos para pagar a los
inversores que se unieron antes, mostrando una aparente solidez financiera
mediante estados de cuenta falsos
e informes financieros manipulados para hacer creer que el negocio estaba
generando ganancias legítimas y sólidas.
Hacían creer a los estafados que contaban
con los permisos de las autoridades
reguladoras, como la Superintendencia del Mercado de Valores o
la Superintendencia de Bancos, información que fue desmentida por estos
órganos.
Para contaminar la investigación y ocultar
rastros, cedieron las acciones de las empresas una vez colapsado el esquema y
desaparecieron de sus domicilios habituales, mudándose desde Higüey hacia
Dajabón o Azua; algunos, incluso, salieron del país.
El Ministerio Público tiene en la actualidad
numerosas querellas sobre este
caso, pero aún hay cientos de víctimas que están en negación
absoluta y creen que su dinero está en un bróker internacional. Se niegan a
aceptar la realidad de que su dinero no salió del país y que el monto colocado
en el bróker no es ni el 15 % de lo captado, ya que el Ministerio Público tiene la
evidencia de que ese dinero se utilizó en el pago de intereses y otra parte
importante fue distraída por los imputados, quienes realizaron viajes, procesos
estéticos, adquirieron bienes inmuebles y compraron autos, entre otros gastos e
inversiones sustentados con el dinero de los inversores.
En la investigación participaron, en su primera etapa,
fiscales de la provincia La Altagracia, y en el desarrollo de la operación,
parte de los fiscales de las unidades del Ministerio Público que solo trabajan casos
de criminalidad organizada,
entre ellos, Jonathan Pérez Fulcar, Yudelka Holguín Liz, Enmanuel Ramírez,
Miguel A. Crucey y Alexis Piña.
Fuente: Expediente del caso “Operación
Gaviota” presentado por el Ministerio Público.
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