Santo Domingo.- La Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) aseguró este martes que el Ministerio ha marcado un hito sin precedentes en la defensa de los derechos humanos y en la aplicación efectiva de la ley contra quienes se lucran a costa de la explotación y vulnerabilidad de las víctimas, a través de la condena a 20 años de prisión en contra de 9 de los principales responsables de la red criminal desmantelada mediante la “Operación Cattleya”.
La PETT resaltó que esta sentencia
representa un avance significativo en la persecución de delitos que atentan
contra la dignidad y la libertad de las personas, la cual ha sido lograda a
través de una investigación técnica y robusta, basada en herramientas forenses
y testimonios protegidos, logrando demostrar al tribunal la responsabilidad
penal de los implicados y asegurando justicia para las víctimas.
“Este resultado es fruto del trabajo
coordinado entre fiscales especializados, cuerpos de seguridad y la cooperación
interinstitucional, reafirmando el compromiso del Ministerio Público de
perseguir, procesar y llevar ante la justicia a quienes se lucran a costa de la
explotación de personas vulnerables. No permitiremos que estructuras criminales
operen con impunidad. La justicia prevalecerá y seguiremos enfrentando con
firmeza estos delitos”, destacó la procuradora general de corte apelación,
Yoanna Bejarán, titular de la PEET.
Con la coordinación de la Dirección
General de Persecución del Ministerio Público, para entonces dirigida por la
magistrada Yeni Berenice Reynoso, actual procuradora general de la República,
se llevó a cabo el proceso de investigación, el cual estuvo a cargo de la
titular de la PETT, Yoanna Bejarán, y Aleika Almonte.
Dicha investigación contó con el
respaldo de la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales
(DEIDET), el Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Policía
Nacional, y la colaboración de la Agencia Internacional Homeland Security
Investigations (HSI). Además, el Departamento de Investigaciones de la
Procuraduría Especializada desempeñó un papel clave, con el coronel Abreu
liderando el área de investigación en ese entonces, y el capitán Díaz,
brindando un apoyo significativo para la recopilación de pruebas y el
desmantelamiento de la red criminal. Se destaca, también, la colaboración de
las organizaciones contra la trata OUR Rescue, Destiny-Rescue, y ATB, así como
la labor realizada por la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos del
Ministerio Público, que dirige Dimercy Ávila, y de la encargada de Protección a
Víctimas de la PEET, Ángela Díaz.
Por su parte, el equipo litigante,
conformado por Aleika Almonte, Eduardo Velázquez, Noelia Taveras y Ginna
Matías, jugó un rol fundamental en la presentación y sustentación de las
pruebas ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
En el proceso se estableció que la
estructura criminal estaba integrada por dominicanos, venezolanos, colombianos,
haitianos y canadienses.
Condena impuesta.- En el caso,
nueve fueron sentenciados a 20 años de reclusión y al pago de 150 salarios
mínimos. Otros cuatro recibieron condenas de tres años de prisión por
proxenetismo, mientras que un imputado fue sentenciado a seis meses de prisión
suspendida por posesión ilegal de marihuana.
El tribunal condenó a 20 años de prisión
y el pago de 150 salarios mínimos a José Alberto Rosario Soriano, Melvin José
Valentín Peguero, Oscar Wilcenne, Dionicio Mieses de la Cruz, María Paula
Murillo Vargas, Zafiro Natal Sánchez González, Engel Neftalí Vargas Soto,
Alejandro Arturo Batista Bustamante, Robert Lee Eleuterio Paniagua y Oscar
Wilcenne, tras ser declarados culpables de violar los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y
6 de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
Además de la trata de personas, Dionicio
Mieses de la Cruz también fue condenado por delitos de alta tecnología conforme
a la Ley 53-07, en tanto que María Paula Murillo Vargas, en adición, fue
condenada por violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.
Mientras que cuatro de ellos, fueron
condenados a tres años de prisión por proxenetismo y al pago de una multa de
RD$50,000. Ellos son: José Miguel Michel Guridis, Daniel Enrique Inirio Abreu,
Cristina Virginia González Hernández y Braulio Manuel Lugo, condenados conforme
al artículo 334 del Código Penal Dominicano.
El acusado Oliver Arnaud Lewinsky
(Timothy Willian Case Renee) fue condenado a seis meses de prisión suspendida
por posesión ilegal de marihuana, en violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y
Sustancias Controladas.
El tribunal declaró penalmente
responsable al Hotel Oscar Inn Santo Domingo por su vinculación con la red
criminal y ordenó su disolución. Además, ordenó el decomiso de los bienes
incautados durante la investigación, los cuales incluyen propiedades utilizadas
para la comisión de los delitos.
Asimismo, el tribunal declaró las costas
penales de oficio respecto de los acusados José Miguel Michel Guridis, Daniel
Enrique Inirio Abreu, Cristina Virginia González Hernández y Dionicio Mieses de
la Cruz, al haber sido representados por abogados de la Oficina Nacional de
Defensa Pública.
Por otro lado, el acusado Carlos
Jonathan Walwyn Campusano fue declarado no culpable de violar la Ley 137-03
sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, dictándose sentencia
absolutoria a su favor por insuficiencia de pruebas, en conformidad con el
Código Procesal Penal. En consecuencia, se ordenó el cese de las medidas de
coerción en su contra y se declararon las costas penales de oficio a su favor.
En cuanto a los bienes incautados, el
tribunal ordenó el decomiso de los siguientes vehículos a favor del Estado
dominicano: Hyundai Sonata N20, año 2016, color blanco, placa A815590; Honda
Accord ELX, año 2013, placa A785478.
En el aspecto civil, el tribunal acogió
parcialmente la querella de dos de las víctimas, presentada por Angela Díaz,
encargada de asistencia a víctimas de la PETT. Por lo que, el tribunal ordenó
el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios de RD$3,000,000.00 a favor de
una de ellas, a ser pagados de manera conjunta y solidaria por los acusados
José Alberto Rosario Soriano, María Paula Murillo Vargas, Dionicio Mieses de la
Cruz, Melvin José Valentín Peguero y Oscar Wilcenne; así como RD$3,000,000.00 a
favor de otra, a ser pagados por Zafiro Nathaly Sánchez González y Engel
Neftalí Vargas Soto.
Finalmente, el tribunal ordenó la
notificación de esta decisión al juez de ejecución de la pena correspondiente y
fijó la lectura íntegra de la sentencia para el 24 de abril de 2025 a las 9:00
a.m., fecha a partir de la cual las partes podrán ejercer los recursos legales
correspondientes.
Fuentes: Sentencia del Tercer
Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, comunicado de prensa de la Procuraduría
Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT)
y archivos periodísticos.
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