Colaboración de Diego Torres
Bayaguana.- El municipio de Bayaguana se encuentra en medio de una controversia por la propiedad del Río Sabana y la tala masiva de árboles centenarios en la zona. La disputa involucra a tres supuestos dueños, acusaciones de irregularidades y un clamor popular por justicia y reforestación.

Según él, adquirió la propiedad y pagó
$60,000 por la tala de árboles, un dinero que entregó a la Dirección Forestal
de Medio Ambiente en Bayaguana.
Sin embargo, el regidor John Marte sostiene que la propiedad pertenecía originalmente a un hombre conocido como "Pipo el Loco", quien se la vendió a John Vásquez, esposo de la gobernadora de la provincia.

El conflicto se
intensifica con la aparición de Martis como un tercer supuesto dueño, quien
ahora dice poseer el título de propiedad del terreno y del propio río.
Sin embargo, la comunidad y expertos legales han cuestionado la veracidad de este documento, ya que los ríos son propiedad del Estado y están protegidos por las leyes medioambientales.

Confirmaciones
y Acusaciones.-
Pipo el Loco, en una llamada telefónica a un programa de televisión, confirmó
que efectivamente vendió la propiedad a John Vásquez, desmintiendo así la
versión de Martis.
Esto deja en el aire la pregunta de cómo
Wilton Martis pudo adquirir un título de propiedad sobre un terreno que ya
había sido vendido a otra persona.
Mientras tanto, el
regidor John Marte asegura que la tala de árboles en la zona fue ilegal y que
la sanción impuesta de $60,000 es irrisoria en comparación con el daño
ecológico causado.
La comunidad también ha expresado su indignación, señalando que los árboles talados tenían más de 500 años y que lo que se necesita no es dinero ni compensaciones económicas, sino la restauración del bosque y la protección del medio ambiente.

Posibles
consecuencias legales.- El Código
Penal y la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales establecen
sanciones severas para quienes destruyen áreas protegidas o realizan talas
indiscriminadas sin los debidos permisos.
Las penas pueden incluir multas
millonarias y hasta prisión para los responsables. Sin embargo, hasta el
momento, ninguno de los implicados ha enfrentado cargos formales.
La comunidad de Bayaguana exige que se
realice una investigación a fondo y que los verdaderos responsables sean
llevados ante la justicia.
También demandan que las autoridades
locales y nacionales tomen medidas urgentes para la reforestación del área
afectada y eviten que casos similares vuelvan a ocurrir.

Silencio
de la Gobernadora.-
Uno de los aspectos más polémicos del caso es el silencio de la gobernadora de
Bayaguana, cuyo esposo, John Vásquez, está directamente vinculado en la
disputa. A pesar de las crecientes presiones, la funcionaria no ha emitido
declaraciones sobre el tema, lo que ha generado más sospechas y
cuestionamientos sobre su papel en el conflicto.
Mientras las investigaciones continúan,
el pueblo de Bayaguana mantiene su postura firme: más que castigos económicos,
exigen la restauración del bosque perdido y la garantía de que los recursos
naturales de la zona sean protegidos para las futuras generaciones.
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