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OPINIÓN... ¡Atascada! La Seguridad Social y la falta de consenso sobre lo que debe hacerse con ella

 

Por Nelson Marrero

Santo Domingo.- Disímiles valoraciones tienen al Sistema Nacional de la Seguridad Social entre la espada y la pared con voces vinculadas a su realidad que proponen colocarlo con las patas hacia arriba estatizándolo a plenitud y quienes entienden que procede seguir el modelo en el que confluyen la iniciativa privada, de rol preponderante, y el sector público que requiere un reforzamiento fiscalizador sobre el todo a fin de preservar y acrecentar allí lo que hasta ahora haya dado resultado. En el debate se invocan debilidades e insuficiencias a 24 años de su creación. Desde la esquina contraria se recurre a cifras que muestran algunos avances asistenciales en salud y cobertura de pensiones de una factibilidad que se considera promisoria.

Se coincide en que ya es inaplazable poner fin a desequilibrios y distorsiones con reformas estructurales que se prefiere postergar sistemáticamente dando permanencia a una protección no integral a las familias y dejando que sigan vigentes haciendo de las suyas con fines mercantiles, entes particulares a los que con frecuencia se culpa de que los afiliados a las Administradoras de Riesgos de Salud dependan más, para superar enfermedades, de sus propios bolsillos que de los aportes que por los contratos con las ARS deben ampararlos.

A la carga permanece contra la mixtura operativa y de intereses con que funciona el sistema un movimiento no gubernamental (Coalición pro Seguridad Social) que considera un fracaso lo que está en pie. Según este agrupamiento, en el sistema actual basado en la ley 87-01 en vez de universalidad de protección a los asegurados lo que se ha tenido es marginación, parcialidad, ausencia de integridad y fragmentación con predominio de loa inequidad en vez de la solidaridad y en el que triunfa el interés particular sobre el colectivo.

Y remacha con dureza sosteniendo que: «El modelo actual, por su enfoque privatizador, que mercantiliza la salud y la seguridad social, reduce el rol estatal y prioriza la rentabilidad financiera, la ganancia de un sector minúsculo de la sociedad a costa de los derechos de la mayoría de las personas, de los trabajadores y trabajadoras y de los pobres en sentido general».

Desde su punto de vista el sistema podría ser más eficiente sin las ARS de intermediarias argumentando que las gestiones privadas generan costos administrativos innecesarios y que su eliminación podría permitir una distribución más equitativa de los recursos, «se facilitaría la gestión y el seguimiento a los fondos de salud, se podría generar mayor transparencia y se facilitaría la atención médica a los afiliados eliminando obstáculos administrativos».

La Coalición dice basar su demanda en la Constitución dominicana y en tratados internacionales como la declaración Universal de los Derechos Humanos y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que propugnan porque la seguridad social y la salud sean reconocidos como derechos universales en cuyos principios alega fundarse para exigir al Estado Dominicano asegurar el acceso del pueblo a la protección sin excepciones.

Defensores.- Donde no figuren los criterios de uno de los diseñadores del sistema de Seguridad Social y redactor de la ley que lo fundamenta llamado Arismendy Díaz Santana, faltaría la fuente clave para describir la realidad. Para él la eliminación de las ARS y AFP no beneficiaría a la población más necesitada sino a los médicos del sector privado que sienten reducidos su poder sobre los pacientes.

Ha descrito a las aseguradoras como un muro contra la tendencia mercantil y deshumanizante de la salud que evita que se prescriban servicios que no son indispensables «con el objetivo de ganar más dinero». Sin embargo ha reconocido que las críticas a las ARS han aumentado. Aun así: «La solución no sería eliminarla», ha sostenido para agregar:

«Si las ARS desaparecen, se provocaría que millones de afiliados dispersos, desinformados y desorientados quedaran sin representación contractual, despejando el camino a las prestadores de servicio de salud para cobrar tarifas más altas, sin entregar facturas y sin pagar impuestos por lo que el costo de los servicios crecería más rápidamente sin que ello mejore la calidad de la atención ni la salud de la gente».

Otro balance desde la ortodoxia profesional ha sostenido que la eliminación de las ARS afectaría la inversión en la infraestructura y tecnología de los sistemas de salud. Es como decir que un poco de adhesión al lucro (con limitaciones)no debería faltar. Desde esa vertiente analítica se ha dicho que la gestión de salud sin intermediarios podría representar un desafío para los gobiernos y las autoridades de Salud.

Y más específicamente se ha argumentado que la eliminación de las administradoras requeriría una nueva regulación del sistema de salud para garantizar la calidad y el acceso a la atención. En consideración a que se trata de un tema controversial, en algún momento desde el propio Gobierno se escuchó condicionar la exclusión de las ARS a un análisis especializado sobre los pros y los contras.

En punto medio.- El superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Miguel Ceara Hatton, sostuvo hace poco que aunque la ley 87-01 que instituyó la Seguridad Social ha permitido avances importantes como la universalización del Seguro Familiar de Salud, el modelo actual presenta limitaciones que deben ser corregidas para lograr una cobertura más justa, inclusiva y sostenible. “El sistema ha mostrado fortaleza pero también limitaciones”.

Propuso la creación de una entidad que evalúe científicamente las tecnologías sanitarias antes de incluirlas en el catálogo de prestaciones pero oponiéndose a poner fuera a sectores de la actual composición del sistema. Propuso cuatro pilares a considerar para modificar la ley : «Buena gobernanza, anticipación del riesgo y coherencia sistémica, arbitraje accesible y eficiente en derechos y un sistema a la altura de la ciudadanía». En suma: una reforma de la Seguridad Social que fortalezca la atención sin hacer tabla rasa del sistema.

La SISALRIL sigue confiando en la posibilidad de fortalecer la equidad y sostenibilidad del Seguro Familiar de Salud mediante la implementación de un modelo per cápita diferenciado según el nivel de riesgo de los afiliados transformando el sistema actual de financiamiento del Régimen Contributivo incorporando ajustes basados en variables como la edad y el sexo para asignar recursos de forma más precisa.

Miden aceptación.- Un estudio de opinión de la acreditada agencia Gallup -seguramente contratada por las ARS- llevó a la conclusión de que el 90.7% de los afiliados a la Seguridad Social está satisfecho con los servicios que ha recibido. en el marco del Régimen Contributivo. De ordinario los copagos (que un reconocido director de periódico calificó de aberrantes hace poco), las limitaciones del catálogo de atenciones y lo exiguo de subsidios para medicamentos, suelen causar estallidos de quejas de los afiliados que la prensa recoge con bastante regularidad.

En su informe final la Gallup sostuvo que: “En general, nos encontramos con asegurados con altos niveles de satisfacción, presentando una alta evaluación de la calidad de los distintos servicios de salud y factores relacionados, informantes que no están muy predispuestos al cambio de las ARS y que en su mayoría recomendarían su ARS a un amigo. Además que presentaron una alta calificación de reputación para las Administradoras de Riesgos de Salud”.

Modelo Sueco.- La protección social en Suecia, que incluye la salud y el amparo a la vejez, y considerado admirable para el resto del mundo, corre por cuenta del Ministerio de Salud y Asistencia Social sin marginar lo privado. Garantiza prestaciones y una cobertura para la pérdida de ingresos. Incluye a todo el vivo dentro de la geografía sueca sin importar en qué lugar del mundo nacieron los asegurados.

Una agencia estatal administra las prestaciones sociales para enfermedades, maternidades, paternidades y desempleo. Sin embargo, los trabajadores en Suecia pueden disponer de pensiones ocupacionales que les ofrezcan los empleadores y pueden optar por invertir en ahorros individuales para reforzar sus jubilaciones.

El financiamiento de esta protección social corre, en mayor medida, por cuenta de los trabajadores pero el sistema se sustenta además en los recaudos del fisco incluyendo el impuesto sobre la renta que se extrae principalmente de los ricos y del sector empresarial. Aunque el sistema no es absolutamente estatal (vistos sus aspectos excepcionales) está gestionada principalmente por organismos oficiales.

El autor, Nelson Marrero, es periodista, analista, articulista, escritor, subdirector del periódico Hoy, medio en el que publicó este trabajo y de donde Notiactualidad Global.com lo ha reproducido.

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