Santo Domingo.- Disímiles valoraciones tienen al Sistema Nacional de la Seguridad Social entre la espada y la pared con voces vinculadas a su realidad que proponen colocarlo con las patas hacia arriba estatizándolo a plenitud y quienes entienden que procede seguir el modelo en el que confluyen la iniciativa privada, de rol preponderante, y el sector público que requiere un reforzamiento fiscalizador sobre el todo a fin de preservar y acrecentar allí lo que hasta ahora haya dado resultado. En el debate se invocan debilidades e insuficiencias a 24 años de su creación. Desde la esquina contraria se recurre a cifras que muestran algunos avances asistenciales en salud y cobertura de pensiones de una factibilidad que se considera promisoria.
Se coincide en que ya es inaplazable
poner fin a desequilibrios y distorsiones con reformas estructurales que se
prefiere postergar sistemáticamente dando permanencia a una protección no
integral a las familias y dejando que sigan vigentes haciendo de las suyas con
fines mercantiles, entes particulares a los que con frecuencia se culpa de que
los afiliados a las Administradoras de Riesgos de Salud dependan más, para
superar enfermedades, de sus propios bolsillos que de los aportes que por los
contratos con las ARS deben ampararlos.
A la carga permanece contra la mixtura
operativa y de intereses con que funciona el sistema un movimiento no
gubernamental (Coalición pro Seguridad Social) que considera un fracaso lo que
está en pie. Según este agrupamiento, en el sistema actual basado en la ley
87-01 en vez de universalidad de protección a los asegurados lo que se ha tenido
es marginación, parcialidad, ausencia de integridad y fragmentación con
predominio de loa inequidad en vez de la solidaridad y en el que triunfa el
interés particular sobre el colectivo.
Y remacha con dureza sosteniendo que:
«El modelo actual, por su enfoque privatizador, que mercantiliza la salud y la
seguridad social, reduce el rol estatal y prioriza la rentabilidad financiera,
la ganancia de un sector minúsculo de la sociedad a costa de los derechos de la
mayoría de las personas, de los trabajadores y trabajadoras y de los pobres en
sentido general».
Desde su punto de vista el sistema
podría ser más eficiente sin las ARS de intermediarias argumentando que las
gestiones privadas generan costos administrativos innecesarios y que su
eliminación podría permitir una distribución más equitativa de los recursos,
«se facilitaría la gestión y el seguimiento a los fondos de salud, se podría
generar mayor transparencia y se facilitaría la atención médica a los afiliados
eliminando obstáculos administrativos».
La Coalición dice basar su demanda en la
Constitución dominicana y en tratados internacionales como la declaración
Universal de los Derechos Humanos y convenios de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) que propugnan porque la seguridad social y la salud sean
reconocidos como derechos universales en cuyos principios alega fundarse para
exigir al Estado Dominicano asegurar el acceso del pueblo a la protección sin
excepciones.
Defensores.-
Donde
no figuren los criterios de uno de los diseñadores del sistema de Seguridad
Social y redactor de la ley que lo fundamenta llamado Arismendy Díaz Santana,
faltaría la fuente clave para describir la realidad. Para él la eliminación de
las ARS y AFP no beneficiaría a la población más necesitada sino a los médicos
del sector privado que sienten reducidos su poder sobre los pacientes.
Ha descrito a las aseguradoras como un
muro contra la tendencia mercantil y deshumanizante de la salud que evita que
se prescriban servicios que no son indispensables «con el objetivo de ganar más
dinero». Sin embargo ha reconocido que las críticas a las ARS han aumentado.
Aun así: «La solución no sería eliminarla», ha sostenido para agregar:
«Si las ARS desaparecen, se provocaría
que millones de afiliados dispersos, desinformados y desorientados quedaran sin
representación contractual, despejando el camino a las prestadores de servicio
de salud para cobrar tarifas más altas, sin entregar facturas y sin pagar
impuestos por lo que el costo de los servicios crecería más rápidamente sin que
ello mejore la calidad de la atención ni la salud de la gente».
Otro balance desde la ortodoxia
profesional ha sostenido que la eliminación de las ARS afectaría la inversión
en la infraestructura y tecnología de los sistemas de salud. Es como decir que
un poco de adhesión al lucro (con limitaciones)no debería faltar. Desde esa
vertiente analítica se ha dicho que la gestión de salud sin intermediarios
podría representar un desafío para los gobiernos y las autoridades de Salud.
Y más específicamente se ha argumentado
que la eliminación de las administradoras requeriría una nueva regulación del
sistema de salud para garantizar la calidad y el acceso a la atención. En
consideración a que se trata de un tema controversial, en algún momento desde
el propio Gobierno se escuchó condicionar la exclusión de las ARS a un análisis
especializado sobre los pros y los contras.
En
punto medio.-
El superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Miguel Ceara Hatton, sostuvo
hace poco que aunque la ley 87-01 que instituyó la Seguridad Social ha
permitido avances importantes como la universalización del Seguro Familiar de
Salud, el modelo actual presenta limitaciones que deben ser corregidas para
lograr una cobertura más justa, inclusiva y sostenible. “El sistema ha mostrado
fortaleza pero también limitaciones”.
Propuso la creación de una entidad que
evalúe científicamente las tecnologías sanitarias antes de incluirlas en el
catálogo de prestaciones pero oponiéndose a poner fuera a sectores de la actual
composición del sistema. Propuso cuatro pilares a considerar para modificar la
ley : «Buena gobernanza, anticipación del riesgo y coherencia sistémica,
arbitraje accesible y eficiente en derechos y un sistema a la altura de la
ciudadanía». En suma: una reforma de la Seguridad Social que fortalezca la
atención sin hacer tabla rasa del sistema.
La SISALRIL sigue confiando en la
posibilidad de fortalecer la equidad y sostenibilidad del Seguro Familiar de
Salud mediante la implementación de un modelo per cápita diferenciado según el
nivel de riesgo de los afiliados transformando el sistema actual de financiamiento
del Régimen Contributivo incorporando ajustes basados en variables como la edad
y el sexo para asignar recursos de forma más precisa.
Miden
aceptación.- Un
estudio de opinión de la acreditada agencia Gallup -seguramente contratada por
las ARS- llevó a la conclusión de que el 90.7% de los afiliados a la Seguridad
Social está satisfecho con los servicios que ha recibido. en el marco del
Régimen Contributivo. De ordinario los copagos (que un reconocido director de
periódico calificó de aberrantes hace poco), las limitaciones del catálogo de
atenciones y lo exiguo de subsidios para medicamentos, suelen causar estallidos
de quejas de los afiliados que la prensa recoge con bastante regularidad.
En su informe final la Gallup sostuvo
que: “En general, nos encontramos con asegurados con altos niveles de
satisfacción, presentando una alta evaluación de la calidad de los distintos
servicios de salud y factores relacionados, informantes que no están muy
predispuestos al cambio de las ARS y que en su mayoría recomendarían su ARS a
un amigo. Además que presentaron una alta calificación de reputación para las
Administradoras de Riesgos de Salud”.
Modelo
Sueco.- La
protección social en Suecia, que incluye la salud y el amparo a la vejez, y
considerado admirable para el resto del mundo, corre por cuenta del Ministerio
de Salud y Asistencia Social sin marginar lo privado. Garantiza prestaciones y
una cobertura para la pérdida de ingresos. Incluye a todo el vivo dentro de la
geografía sueca sin importar en qué lugar del mundo nacieron los asegurados.
Una agencia estatal administra las
prestaciones sociales para enfermedades, maternidades, paternidades y
desempleo. Sin embargo, los trabajadores en Suecia pueden disponer de pensiones
ocupacionales que les ofrezcan los empleadores y pueden optar por invertir en
ahorros individuales para reforzar sus jubilaciones.
El financiamiento de esta protección
social corre, en mayor medida, por cuenta de los trabajadores pero el sistema
se sustenta además en los recaudos del fisco incluyendo el impuesto sobre la
renta que se extrae principalmente de los ricos y del sector empresarial.
Aunque el sistema no es absolutamente estatal (vistos sus aspectos
excepcionales) está gestionada principalmente por organismos oficiales.
0 Comentarios
Deje su comentario
Emoji