Por
Vianelo Perdomo
Santo Domingo.- No creemos que la excusa y el pedido de perdón de la ministra de Interior y Policía, Faride Rafúl, al joven barbero, estudiante de derecho y emprendedor, Dawry Santana, sea suficiente para borrar las huellas dejadas por el atropello de que fuera objeto de parte de desalmados policías que, abusiva y cobardemente, penetraron a su barbería en acciones totalmente contrarias a lo que establecen la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Policía Nacional.
Dawry Santana es
propietario de una cafetería y un salón de barbería en una plaza de la sección
Valiente, distrito municipal La Caleta, municipio Boca Chica, provincia Santo
Domingo.
Es una plaza en la que, de común acuerdo, de todos los comerciantes allí establecidos, ni se vende ni se consume bebidas alcohólicas, que fue el alegato de la patrulla policial para cometer la tropelía y el abuso contra Dawry Santana.
El director de
la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, y la propia
ministra de Interior y Policía, Faride Rafúl, habían justificado esos hechos,
hasta que al presidente Luis Abinader un periodista le preguntó sobre el particular
en una de las sesiones de LA Semanal con la Prensa, ocasión en la que el
mandatario expresara que, lamentablemente, se trata de algo que debían
responder Faride Rafúl o Guzmán Peralta, pero ninguno de los dos estaba en el
Palacio Nacional entonces, por lo que el presidente Abinader prometió instruir a
ambos funcionarios para que aclaren la situación.
Aparentemente,
fue esta decisión del presidente Luis Abinader que llevó a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, a sostener
un “encuentro amigable” con Dawry David Santana, propietario de la barbería
Exotic, establecimiento que estuvo involucrado en un incidente con agentes de
la Policía Nacional, que irrumpieron el establecimiento en franca violación a
las normas.
A
pesar de la excusa de Faride Rafúl, hay acciones que por más disculpas que se
pidan, por más vueltas que se den, por más maquillaje que se apliquen, dejan
huellas y heridas cuyas cicatrices jamás pueden borrarse.
¿Quién es el propietario de las tierras de Mata Mosquito?.- Ahora
vamos a tocar brevemente otro tema, pues, recientemente, más de 300 edificaciones,
casuchas y otras propiedades han sido demolidas en el denominado sector Mata
Mosquito, una comunidad
perteneciente a la sección Friusa, distrito municipal Berón-Punta Cana-Bávaro, municipio
de Higüey, provincia La Altagracia.
Dos alegatos para justificar esta acción: Número uno, las
autoridades dicen que se trataba de un asentamiento de inmigrantes haitianos,
en su mayoría indocumentados, en
el litoral de Bávaro.
La
otra justificación es del presidente Luis Abinader, quien en LA Semanal con la
Prensa dijo que se trata de terrenos de propiedad privada, “invadidos desde el año
2010” y que sus propietarios habían solicitado su desalojo, lo que hasta ahora
no se había ejecutado.
A pesar de lo dicho por el presidente Luis Abinader y la ejecución de la demolición, hasta el momento se desconoce de donde emanó la del desalojo, que ha dejado a la intemperie a miles de extranjeros y familias dominicanas que residían en el lugar desde hace 5, 10 y 15 años.
Según reportes de prensa, el personal que realizó el
desalojo y la demolición estuvo resguardado por miembros del Ejército de
República Dominicana y la Policía Nacional, en cuyas acciones se mantuvieron restricciones
de acceso a la zona.
Decenas de camiones, camionetas, furgonetas, otros vehículos y
equipos salían de Mata Mosquito con lo que quedaba de pertenencias de
viviendas y otros establecimientos derrumbados.
¿Qué derrumbaron las maquinarias?.- Como dice una canción “Todo se
derrumbó”.
Las demoliciones en Mata Mosquito incluyeron más de 300 propiedades:
Casas construidas en base a los más diversos materiales de construcción,
algunas valiosísimas, viviendas de varios niveles, tres templos de iglesias
evangélicas, una capilla de la Iglesia Católica, un centro comunal, una UNAP,
una escuela de cerca de veinte aulas, colmados y un sinnúmero de
establecimientos y propiedades más.
¿Aprovecharon el operativo de Migración?.- Lo que se ha establecido
es que, los supuestos propietarios de los terrenos, en combinación de oficiales
militares y policiales y otras autoridades, aprovecharon el momento para actuar
en medio de la avalancha de operativos puestos en marcha por la Dirección
General de Migración.
Pero, lastimosamente, previo a las demoliciones no hubo notificaciones ni se entregó ningún documento
a los afectados, quienes carecen de títulos de propiedad. Tampoco se ha podido establecer si los reclamantes de las tierras tienen
sentencias o documentos de titularidad.
Hasta ahora son terrenos
estatales.-
Hasta tanto se pruebe lo contrario, la verdad es que desde siempre, se trata de
las denominadas “tierras comuneras”, propiedad del Consejo Estatal del Azúcar (zona
cañera) y/o del Instituto Agrario Dominicano (antiguos asentamientos campesinos
y proyectos de la reforma agraria).
Para el autor de este
trabajo periodístico, en ninguno de estos dos casos: ni la intervención
policial en la barbería de Valiente, en La Caleta, Boca Chiva; ni en el
desalojo de Mata Mosquito sin previo aviso o notificación, hay justificación. Por
lo que creemos que nuestras autoridades merecen DOS TROFEOS AL ABUSO.
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