Más de 30 organizaciones rechazan el nuevo Código Penal y piden al presidente Abinader que lo devuelva al Congreso

Advierten retrocesos en derechos humanos y discriminación, además de ambigüedades legales que pondrían en riesgo a periodistas, mujeres y poblaciones vulnerables. En la foto, Palacio del CongresoNacional.

Santo Domingo.– Una coalición de más de treinta organizaciones sociales, feministas, sindicales y de derechos humanos dirigió una carta al presidente Luis Abinader expresando su preocupación ante la reciente aprobación del nuevo Código Penal en el Congreso Nacional.

En la misiva, divulgada este viernes, solicitan al mandatario que observe y devuelva el proyecto al Congreso para su revisión, debido a que consideran que contiene disposiciones regresivas en materia de derechos fundamentales y contrarias a las políticas de su propio gobierno.

Las organizaciones firmantes identifican riesgos en varios artículos del proyecto, entre ellos el 377 (espionaje), 141 (violencia sexual), 124, párrafo IV (violencia infantil), del 109 al 112 (derechos sexuales y reproductivos), y el 173 (discriminación).

Ambigüedades legales y persecución

En relación al artículo 377 sobre espionaje, advierten que su ambigüedad podría abrir paso a la persecución política de periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones que investigan con apoyo internacional. Cuestionan la falta de claridad en los términos sobre “confidencialidad” e “intereses fundamentales de la Nación”.

Violencia sexual y prescripción

Sobre el artículo 141, critican que se imponga un plazo de prescripción de 20 años para delitos como violación sexual o abuso sexual incestuoso contra personas adultas, lo que consideran un retroceso frente a la normativa vigente, que contempla la imprescriptibilidad de estos delitos. También denuncian que el artículo 138 reduce la gravedad penal cuando la agresión ocurre en una relación de pareja, minimizando la violencia sexual en ese contexto.

Niñez y disciplina sin castigos físicos

Respecto al artículo 124, párrafo IV, señalan que la redacción actual podría permitir castigos corporales, incluso “leves”, bajo el argumento de disciplina familiar. Reclaman que la ley prohíba explícitamente cualquier forma de castigo físico o trato degradante hacia niñas, niños y adolescentes.

Derechos reproductivos: penalización absoluta

Las organizaciones denuncian que los artículos 109 al 112 penalizan absolutamente el aborto, incluso en circunstancias extremas, afectando derechos básicos como la vida, la salud, la libertad personal y la autonomía reproductiva de mujeres, niñas y adolescentes. Asimismo, alertan que el Código penaliza al personal médico y de salud, a menos que demuestre haber agotado todos los medios científicos para salvar vidas, sin ofrecer claridad jurídica al respecto.

Discriminación excluyente

El artículo 173 también ha sido objeto de críticas, ya que, según la carta, excluye de protección penal a personas por su orientación sexual o identidad de género. Argumentan que los párrafos II y III neutralizan el alcance del tipo penal de discriminación, dejando en indefensión a grupos históricamente marginados.

Amplia representación social

Entre las entidades firmantes figuran Alianza Cristiana de RD, Católicas por el Derecho a Decidir, Centro de Estudios de Género del Intec (CEG), Ciudad Alternativa, Profamilia, Participación Ciudadana, Fundación Friedrich Ebert (FES), Movimiento Feminista Hermanas Mirabal, Coalición de Organizaciones del Cibao, y la Unión Democrática de Mujeres (Udemu), entre otras.

Estas organizaciones llaman al presidente Abinader a actuar en coherencia con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y a propiciar una revisión del Código Penal que garantice justicia, igualdad y protección efectiva para toda la ciudadanía.