La entidad valora la suspensión de obras irregulares y llama a enfrentar la informalidad y las prácticas ilegales en el sector. En la foto, Eliseo Cristopher Cristopher, presidente de la Copymecon.
Santo Domingo, R.D.– La Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (Copymecon) manifestó su respaldo a las disposiciones emitidas por el Ministerio de Trabajo que ordenaron la paralización de 15 proyectos en ejecución, tras comprobarse graves incumplimientos en materia de seguridad y salud ocupacional.
La organización recordó que estas medidas se encuentran amparadas en la Constitución de la República, el Código de Trabajo, el Reglamento 522-06 sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, así como en convenios internacionales de la OIT, por lo que constituyen acciones legítimas y necesarias para proteger la vida y la integridad de los obreros.
Ccpymecon valoró la firmeza del Ministerio de Trabajo, al considerar que dichas decisiones fortalecen la protección de los trabajadores y deben ser respaldadas por todo el sector de la construcción. Según la entidad, garantizar condiciones de higiene y seguridad no solo es un mandato legal, sino también un deber moral hacia los empleados, quienes representan el recurso más valioso de la industria.
En su posicionamiento, la Confederación advirtió que la lucha contra la informalidad y las construcciones ilegales debe acompañar estas acciones, ya que representan un serio obstáculo para el desarrollo ordenado del sector. La informalidad, explicaron, incrementa los riesgos de accidentes laborales, fomenta la competencia desleal y compromete la calidad de las edificaciones, poniendo en peligro a las familias que luego habitan esas viviendas.
Los representantes de Ccopypecon hicieron un llamado a las autoridades a diseñar políticas públicas permanentes que promuevan la formalización de las empresas, con incentivos para el registro empresarial, acceso al crédito y programas de capacitación que eleven los estándares de seguridad, eficiencia y productividad de las MiPymes constructoras.
Finalmente, reiteraron su compromiso de colaborar estrechamente con el Estado y los diferentes actores de la construcción para consolidar un entorno más seguro, formal y competitivo. Aseguraron que solo con una política de cero tolerancia frente a la informalidad y la ilegalidad será posible garantizar un crecimiento sostenible y equitativo para la República Dominicana.


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