Santo Domingo.– Al cierre de este mes de diciembre de 2025, los principales procesos judiciales por presuntos actos de corrupción administrativa en la República Dominicana muestran un panorama desigual: algunos expedientes avanzan lentamente, otros permanecen estancados por recursos y maniobras legales, mientras nuevas investigaciones colocan a instituciones del Estado bajo el escrutinio del Ministerio Público.
Uno de los casos que actualmente genera mayor atención pública es el último, el de Senasa, entidad que se encuentra en el foco de una investigación del Ministerio Público por supuestas irregularidades administrativas y financieras.
Aunque las autoridades no han revelado todos los detalles del expediente, la pesquisa se suma a una lista creciente de procesos que mantienen viva la expectativa de sanciones ejemplares contra la corrupción en el sector público.
En contraste, el emblemático caso que involucra a Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, continúa en una fase de apelación, prolongando un proceso que desde su inicio ha estado marcado por incidentes, aplazamientos y debates procesales.
La acusación del Ministerio Público sostiene que Alexis Medina Sánchez encabezó un entramado societario que habría beneficiado de contratos millonarios con el Estado mediante tráfico de influencias y uso indebido de fondos públicos.
De igual forma, los procesos derivados de los otros casos, así como el expediente contra el exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez, permanecen sin una sentencia definitiva. En estos casos, los tribunales han debido lidiar con recusaciones, solicitudes de nulidad, cambios de defensa y otros recursos que, según el órgano acusador, responden a tácticas dilatorias destinadas a retrasar el avance del juicio de fondo.
El Ministerio Público ha reiterado en múltiples ocasiones que estas estrategias buscan desgastar el sistema judicial y prolongar los procesos más allá de plazos razonables. No obstante, las defensas insisten en que ejercen derechos legítimos dentro del marco del debido proceso y la presunción de inocencia.
A pesar de las demoras, algunos expedientes muestran señales de movimiento, con tribunales que han fijado nuevas audiencias y han rechazado incidentes considerados improcedentes. Sin embargo, la percepción ciudadana sigue siendo de lentitud y falta de resultados concretos, especialmente en casos que involucran a exfuncionarios de alto perfil y montos millonarios del erario.
A medida que el país se encamina hacia el año 2026, los casos de corrupción continúan siendo una prueba clave para el sistema de justicia dominicano. El desafío no solo radica en obtener condenas, sino en demostrar que los procesos pueden avanzar sin dilaciones indebidas y con apego a la ley, en un contexto donde la demanda social de transparencia y rendición de cuentas es cada vez más fuerte.
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