Salud Pública RD en Guerra. SeNaSa, de Escudo del Pueblo a "Símbolo de Corrupción”

Confesiones, sobornos millonarios y una audiencia clave que mantiene en vilo al país mientras la justicia intenta desmontar una red de desfalco al seguro de salud de millones de dominicanos. En la foto, el exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim, conducido a sala de audiencia este viernes 12 de diciembre de 2025.

Santo Domingo, DN, 12 de diciembre de 2025.- Las últimas horas en el llamado Caso Senasa han confirmado lo que muchos ya intuían: lo que empezó como una investigación sobre irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) se ha convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción administrativa que enfrenta la República Dominicana, con impacto directo en la salud de millones de ciudadanos que dependen del seguro estatal.

La jornada judicial de este viernes estuvo marcada por la continuación y pausa de la audiencia de solicitud de medida de coerción contra los imputados en el hasta ahora calificado como el “más grave caso de corrupción de la República Dominicana", proceso en el que se acusa formalmente a 10 personas, entre ellas el exdirector de Senasa, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, y varios exfuncionarios y allegados del organismo estatal. El calificativo de “más grave caso de corrupción de la República Dominicana", obedece a que se ha puesto en juego la salud de quienes más necesitan de la mano amiga del Estado: los más pobres y, especialmente, quienes padecen enfermedades que dependen de medicamentos escenciales y de alto costo.

El jueves 11 de diciembre de 2025, tras una extensa sesión que llevó más de nueve horas, el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional decidió recesar la audiencia y fijó su continuación para este mismo viernes en la tarde, cuando se completaría la fase de exposición de defensas y la réplica del Ministerio Público antes de que el tribunal decida sobre las medidas solicitadas.

El magistrado Wilson Camacho habla con los periodistas.

Confesiones y colaboración: un nuevo nivel de implicación

Uno de los hechos más relevantes de esta etapa procesal, este viernes 12 de diciembre de 2025, ha sido la confesión de tres imputados, quienes admitieron haber pagado sobornos al propio Santiago Hazim y a otros funcionarios de SeNaSa. Según el Ministerio Público, estas confesiones se han presentado en audiencia ante el juez, señalando que esos pagos habrían ascendido a más de 2 mil millones de pesos en sobornos, dentro de un esquema de corrupción que podría implicar desfalcos mucho mayores al Estado dominicano.

La Procuradora litigante Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), calificó el expediente de “un legado importante de evidencia”, destacando el volumen probatorio presentado: unos 138 documentos, 35 testimonios y diversas pruebas periciales que el Ministerio considera suficientes para sostener la acusación.

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

El impacto político y social

El caso ha trascendido lo judicial para convertirse en uno de los temas centrales del debate político y mediático nacional. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, calificó los hechos como “indescriptibles e totalmente inadmisibles”, al tiempo que instó a la sociedad a ejercer una “sanción social” contra los responsables, asegurando que el gobierno no venía “a tapar actos de corrupción”.

Personajes públicos de diversas corrientes también han exigido que el proceso llegue “hasta las últimas consecuencias”, subrayando no solo el posible desfalco de recursos públicos, sino también los efectos éticos y humanos que este escándalo tiene sobre los dominicanos que dependen de la cobertura de salud estatal.

En paralelo, movimientos ciudadanos y partidos políticos como Opción Democrática, la Coordiadra Popular Nacional y otras, han convocado a concentraciones frente a la Procuraduría, solicitando transparencia y justicia en el manejo del caso y la pronta aplicación de sanciones efectivas contra los implicados,

El tamaño del agujero: acusaciones de desfalco millonario

Aunque el Ministerio Público ha calificado a la Operación Cobra como “la operación más grave de corrupción” en materia administrativa y de corrupción hasta la fecha en el país, estimaciones periodísticas y fiscales señalan que el presunto fraude podría rondar los RD$15 mil millones, cifra que cubre desde pagos indebidos hasta desvío de fondos destinados a servicios de salud esenciales.

Las acusaciones formales contra los imputados incluyen delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación documental, uso de documentos falsos y lavado de activos, reflejando un entramado que, según la fiscalía, habría operado desde la propia estructura del seguro estatal.

Defensa, estrategia jurídica y expectativas

Mientras la Fiscalía se proyecta firme en buscar que el caso sea declarado de tramitación compleja y se impongan 18 meses de prisión preventiva a los imputados, las defensas anunciaron su intención de disputar la credibilidad de los principales testimonios presentados por la acusación. Uno de los focos de las estrategias defensivas gira en torno a desacreditar a testigos clave cuya colaboración fue fundamental para las confesiones y evidencias aportadas.

Una sociedad vigilante

En redes y foros ciudadanos, la indignación crece ante la percepción de que el desfalco toca aspectos profundamente sensibles del Estado, especialmente en un momento en que el sistema de salud pública enfrenta múltiples desafíos. Algunos usuarios incluso han expresado preocupación sobre el impacto directo en la atención sanitaria de los sectores más vulnerables, resaltando que los recursos presuntamente sustraídos podrían haber sido utilizados para medicamentos y servicios esenciales.

Hasta el momento de elaborar esta crónica, entre diez y diez treinta minutos de la noche de este viernes 12 de diciembre de 2025, el caso SeNaSa sigue siendo el centro del debate público y judicial, con audiencias clave programadas en las próximas horas y una expectativa nacional sobre cómo procederá la justicia en uno de los escándalos más sensibles de la memoria reciente dominicana.