Santo Domingo.– En un periodo inferior a doce meses, el Congreso Nacional aprobó al menos once contratos de préstamos que autorizaron al Gobierno dominicano a acceder a una deuda superior a los RD$99,000 millones, una cifra que vuelve a colocar el tema del endeudamiento público en el centro del debate político, económico y social del país.
Las iniciativas, introducidas por el Poder Ejecutivo, fueron sometidas a consideración tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, bajo el argumento de que los recursos serían destinados a financiar programas estratégicos del Estado, fortalecer áreas sociales prioritarias, ejecutar obras de infraestructura y respaldar compromisos asumidos en el Presupuesto General del Estado.
De acuerdo con los proyectos aprobados, los fondos provienen de organismos financieros internacionales, banca multilateral y, en algunos casos, de emisiones de deuda interna, con condiciones que varían en tasas de interés, plazos de pago y períodos de gracia. Entre los sectores señalados como beneficiarios figuran salud, educación, protección social, transporte, energía, agua potable, saneamiento y modernización institucional.
El Gobierno ha defendido estas operaciones crediticias alegando que forman parte de una estrategia de financiamiento responsable, orientada a sostener el crecimiento económico, preservar la estabilidad macroeconómica y garantizar la continuidad de políticas públicas consideradas esenciales, especialmente en un contexto de presiones externas, aumento de costos internacionales y demandas sociales crecientes.
No obstante, la aprobación acelerada de estos préstamos ha generado cuestionamientos desde sectores de la oposición política, economistas y organizaciones de la sociedad civil, que advierten sobre el ritmo de crecimiento de la deuda pública y reclaman mayor transparencia, fiscalización y evaluación del impacto real de los recursos desembolsados.
Durante las discusiones legislativas, algunos congresistas manifestaron preocupación por el nivel de endeudamiento acumulado, señalando la necesidad de que cada nuevo financiamiento esté acompañado de informes claros sobre su ejecución, resultados y sostenibilidad a largo plazo. Otros, en cambio, respaldaron las iniciativas, argumentando que el endeudamiento es una herramienta legítima cuando se utiliza para inversión productiva y desarrollo humano.
Al cierre de 2025, el monto aprobado en préstamos se convierte en uno de los más significativos en un solo año legislativo reciente, lo que refuerza el llamado a un equilibrio entre la necesidad de recursos para el desarrollo y la responsabilidad fiscal, en un país que continúa enfrentando retos estructurales en materia de desigualdad, infraestructura y servicios públicos.
La discusión sobre el uso, destino y resultados de estos más de RD$99,000 millones seguirá marcando la agenda nacional en 2026, en momentos en que la ciudadanía exige mayor eficiencia en el gasto público y un manejo prudente de las finanzas del Estado.
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